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El caso perdido de Valdecañas

El periodista extremeño Juan Pedro Sánchez Romero se estrena en esta sección analizando los antecedentes y las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma la ilegalidad del complejo turístico extremeño

 

Juan Pedro Sánchez Romero
16/02/2014

Si Berlanga levantara la cabeza, seguramente quedaría asombrado al comprobar cómo 60 años después de su película más laureada, podría volver a rodar y esta vez, basada en hechos reales, "Bienvenido, Mister Marina". Si en su obra maestra narraba la ilusión de un pueblo andaluz ante la frustrada llegada de los americanos, en el año 2014 podría contar a través de la gran pantalla la ilusión y el fiasco de dos pueblecitos del noreste extremeño que un buen día de 2007 recibieron la buena nueva de un empresario andaluz y su proyecto "Marina Isla de Valdecañas".

Fue tanta la acogida que los vecinos de El Gordo y El Berrocalejo no dudaron un segundo en apoyar el proyecto mientras eran agasajados con unos tentempiés para digerir el contundente complejo turístico que se iba a construir a las puertas de su casa.

Además, todo aquel que quiso conocer un complejo similar, pasó un fin de semana completamente gratis en "Marina Islantilla" para conocer en cierto modo lo que iba a poder ver pero ni por asomo, poder tocar. Aquel embalse que en el año 63 anegó las casas de El Gordo provocando la emigración de muchos de sus vecinos, volvía a ser habitable 50 años después. Pero no por ellos, sino por los ricos y nuevos ricos que deseaban ver realidad su sueño de vivir en una isla paradisíaca por el módico precio de medio millón de euros la villa. Quién les iba a decir a ellos que Extremadura les proporcionaría tal placer onírico.

Incluso era más fácil de lo que llegaron a pensar los más optimistas. Como luego se ha demostrado mediante dos sentencias judiciales (del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y del Tribunal Supremo), nada ni nadie ha podido frenar lo que después ha sido el resquicio del boom inmobiliario en España. Ni la justicia, ni la ley del suelo, ni el carácter retroactivo de su aplicación y menos aún la protección medioambiental de un espacio incluido en la Red Natura 2000 y catalogado dentro de la Zona Zec (Zonas Especiales de Conservación), la Zona ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) y la Zona Lic (LUGAR DE INTERES COMUNITARIO) por sus orillas. Redes ecológicas que tienen como finalidad proteger la supervivencia de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, aislándolos de la acción del hombre. 40 kilómetros de largo y 7.500 hectáreas que en invierno sirven de dormidero de miles de aves procedentes de Europa.

Aún así, Marina Isla de Valdecañas es hoy una realidad gracias al poder legislativo y económico, aunque el poder judicial haya ordenado por dos veces su derribo. La acción política y la capacidad del dinero para convencer conciencias ha sido por ahora más influyente. Un proceso de convicción en el que han caído desde las mentes más ávidas hasta las más simplistas cuyo principal y casi único interés en estos tiempos es tener un puesto de trabajo. Precisamente la promesa de los puestos de trabajo ha sido la llave para que este complejo ganara en popularidad como la espuma.

DICEN en El Gordo y El Berrocalejo que la crisis no se ha notado hasta el año 2013. También en este sentido, una pequeña isla de empleo en un mar de parados que es Extremadura. Pero Marina Isla de Valdecañas se ha llevado por delante a base de maquinaria pesada y ladrillo otros aspectos que no tienen que ver con la situación de crisis. La empresa, según publica su página web, fue creada en 2003 mientras que el PIR (Proyecto de Interés Regional) fue aprobado en Consejo de Gobierno el 24 de enero de 2006, tiempo que sirvió para preparar la estrategia y que con el paso de los años estamos comprobando, no fue muy inteligente ni en la legislatura de Rodríguez Ibarra ni en la de Fernández Vara que intentó enmendar lo que ya era imposible según la Justicia.

Durante este espacio político, Ibarra crea el decreto "Ciudades Mixtas" avalando el turismo y cuidado de personas mayores. En 2009 el TSJEx lo anula por no estar contemplado en la Ley Autonómica del Suelo, la cual se cambia en 2010 para legalizar este tipo de PIR. En marzo de 2011, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ anula el PIR y la Asamblea en su conjunto vuelve a modificar la ley. Y en medio de todo, en 2009, se crea un Plan Territorial de Campo Arañuelo que a la vez que declara no urbanizable el suelo de la Zepa de Valdecañas, hace una excepción con la Isla y elimina posibles competidores al empresario de Marina.

Y aunque en los últimos días, tras la sentencia del Supremo (que considera nulo de pleno derecho el PIR), ha habido intentos de desprestigiar la labor de los ecologistas, la verdad es que Europa ya abrió expediente sancionador al Estado Español en febrero de 2009.

¿Pero se daña el medioambiente? A decir verdad, la respuesta depende de la sensibilidad de todo aquel que se plantee quitarle a las aves y los mamíferos un lugar aislado en un punto clave para las aves migratorias. Y hacerlo además, desecando el embalse y espantando cualquier ser viviente.

Porque con la ley en la mano y según la sentencia del Supremo "es obligatorio asignar al terreno tal clasificación (no urbanizable)". Y no será un erial cuando está protegido con tres figuras de carácter europeo que velan por la supervivencia de especies como las grullas, la cigüeña negra o especies rapaces.

Pero nada importa eso ahora. Se escucha estos días que con la ley en la mano, se podría construir en perfecta legalidad. Lo que quiere decir que mientras nuestros legisladores se dejen influir por intereses concretos, ejemplos como este podrían repetirse en otros puntos significativos de Extremadura que cuenta con 1 millón 700 mil hectáreas de Red Natura 2000, la tercera parte del territorio. Porque el interés general, poco se ha satisfecho. Tanto que el Supremo dice que el complejo carece de motivación socioeconómica sobre la zona y porque dar un paseo por sus instalaciones está prohibido para la gran mayoría de los mortales.

En este 2014, el municipio de El Gordo comienza a percibir el IBI de las villas de lujo, algunas de ellas vacías y sus anteriores dueños con su inversión recuperada. Los ecologistas plantean buscar responsabilidades penales en responsables políticos y el Gobierno extremeño acudir al Constitucional para evitar el derribo. Tendremos que esperar aún para saber si Berlanga rodaría una segunda parte titulada "Adiós, Mister Marshall", aunque pocos se atreven a representar el papel del verdugo. Una película que a buen seguro, pagaríamos todos los extremeños. 200 millones de euros.