Hace dos años, el Ministerio de Hacienda aprobó un plan de regularización catastral que ha puesto la lupa hasta el momento en 124 municipios extremeños y más de 3.000 en todo el país que así lo han requerido. El objetivo es luchar contra el fraude fiscal y aflorar inmuebles urbanos y rústicos que no estén inscritos en el registro de la Dirección General del Catastro o que hayan sufrido modificaciones o reformas que no estuvieran declaradas hasta el momento. Para incorporar estos cambios, Hacienda ofrece a los vecinos la posibilidad de pagar una tasa de 60 euros y librarse de la multa --por el mismo importe, aunque con diferente tramitación-- por no cumplir el deber de declarar.
Los primeros en sumarse a esta regularización, también llamada amnistía catastral, fueron 21 municipios extremeños el pasado abril, según la primera resolución publicada por Hacienda en el Boletín Oficial del Estado, y que tenían de plazo hasta el pasado 30 de noviembre para ponerse al día, aunque algunos expedientes siguen abiertos. Los 'pioneros' fueron Don Benito, Puebla del Maestre, Reina,Ribera del Fresno, San Vicente del Alcántara, Jaraíz de la Vera y Cáceres, entre otros. Tras estos, una segunda resolución de junio amplió la revisión catastral a otros 36 municipios extremeños y una tercera orden del BOE de octubre sumaba 67 localidades más, cuyo proceso de regularización no concluirá hasta octubre.
Las cartas que están recibiendo cientos de vecinos de las localidades que han querido acogerse a este plan para regularizar la situación de sus inmuebles, una vez comprobado las modificaciones catastrales por los técnicos de Hacienda a través de fotografías aéreas, está causando multitud de quejas. El Catastro considera "que es de justicia que la correcta incorporación al registro garantice la contribución al sostenimiento de los servicios públicos que prestan los consistorios y de los que se benefician esos nuevos inmuebles". Pero además del pago de esa tasa, la regularización podría comportar ingresos extras para los ayuntamientos por el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) no abonado antes --los cuatro años antes, lo que no ha prescrito-- y el mayor valor catastral para los años siguientes. Y esa es una de las claves de los municipios que solicitan acogerse a este proceso que seguirá hasta 2016.
Así lo explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, que reconoce que los vecinos no tendrán que pagar solo esa tasa de 60 euros, empleada para financiar el propio plan, sino que además tendrán un nuevo valor catastral que supondrá pagar un IBI mayor. "La regularización tiene inicialmente un coste moderado para los afectados, pero luego va a ser mucho mayor cuando le notifiquen los ayuntamientos el nuevo valor catastral de esos inmuebles. Y ahí, no solo en Extremadura, los municipios están aprovechando esas actualizaciones para reclamar los importes de los cuatro años anteriores al momento en el que se hizo esa construcción que no están prescritos. Eso unido a un aumento del valor catastral, en ocasiones demasiado elevado, hace que si las personas no recurren ese valor en el momento que se lo notifican van a pagar un IBI extraordinariamente alto en comparación con el que venían pagando".
CONTIENDA El problema de fondo, según Mollinedo, es la escasez de financiación de los consistorios. "Estamos en un momento de contienda electoral municipal y muchos ayuntamientos necesitan financiación para poder abordar obras que no podrían hacer sin esos recursos". Así, "el importe global del aumento catastral aplicando los tipos medios impositivos del IBI va a traer un impacto positivo en la financiación municipal, pero también quejas vecinales porque no se motiva cómo se ha hecho esa valoración, simplemente se dice que tienen un nuevo valor catastral por ese proceso de regularización". ¿Qué pueden hacer los afectados? Dos cosas: "aceptar la valoración, resignarse y pagar o bien impugnar la valoración catastral por la falta de una motivación precisa, que puede llegar a ser anulada por los tribunales.
Para Gestha, poner al día los registros del Catastro para que aumenten los tributos es correcto, "porque significa que si somos más los que pagamos la situación de las cuentas públicas será mejor y repercuta positivamente en todos", y anima a sumarse a otros municipios, aunque con el fin de obtener un beneficio común, no solo rédito electoral.
