La acusación particular pedirá el ingreso inmediato en la cárcel de los tres condenados en la causa penal de la cooperativa Caval, de Valdelacalzada (Badajoz), que entró en concurso de acreedores en 2011 por una deuda superior a los 25 millones de euros.
El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 23 años de cárcel para el exgerente de la cooperativa Caval, de Valdelacalzada (Badajoz), Manuel García González, por los delitos continuado de administración desleal, fraude de subvenciones, falsedad contable, dos de apropiación indebida y tres contra la Hacienda Pública.
También ha ratificado las condenas que estableció la Audiencia Provincial de Badajoz el 11 de enero de 2016 para el excomercial de la cooperativa Manuel Corrales y su esposa, Carmen Teixeira, de cuatro y tres años de prisión, respectivamente.
La letrada de la cooperativa, Rosalía Perera, se ha mostrado muy satisfecha por la sentencia porque, aunque el fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz estaba "muy motivado y atado", el Supremo es "impredecible" y había riesgo de que la rebajara.
Además, los recursos de casación presentados por los condenados ante el Supremo era muy extensos y les han obligado a trabajar mucho, según Perera.
La causa vuelve ahora a la Audiencia Provincial, ante el que la letrada pedirá el ingreso en prisión de los tres condenados, porque ya no hay motivo para retrasarlo, y el pago de las indemnizaciones a Caval.
Por otro lado, el proceso de liquidación de la sociedad sigue pendiente del recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo por la administración concursal, al que se adhirió la cooperativa, en el que consideran que las operaciones de refinanciación que se formalizaron con los bancos eran contrarias a la ley y que se hicieron en perjuicio de la sociedad hortofrutícola.
El Supremo debe confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que determinó que las hipotecas eran correctas, o revocarla y obligar a rescindir los créditos, según ha informado a Efe el abogado de Caval el proceso mercantil, Pedro Antonio Pérez.
La operación de refinanciación con los bancos alcanzó los 15.925.000 euros.
El letrado ha señalado que la vía civil es más lenta que la penal y que espera que antes del verano pueda haber sentencia.
