Todas las organizaciones que representan al sector de la caza en la región se han levantado en pie de guerra contra la nueva Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consideran que es "mortífera para Extremadura" porque establece unas limitaciones que supondrán un duro golpe a la caza y al mundo rural.

El problema es de ámbito nacional y por ello hay convocada una manifestación que recorrerá las calles de Madrid el 1 de marzo bajo el lema Por el campo, la caza y la conservación . Los representantes del sector cinegético extremeño invitan a cazadores, agricultores, ganaderos y a todos quienes lo deseen a participar y por ello fletarán autobuses.

El presidente de la Federación Extremeña de Caza, Rafael Domínguez, la directora en Extremadura de la Asociación de Productores de Caza y Propietarios Rurales (Aproca), María Teresa González, y el presidente de Asaja, Angel García, coincidieron ayer, en una rueda de prensa en la Cámara Agraria de Cáceres, en afirmar que se trata de una ley hecha de espaldas al medio rural y con una total ambiguedad en su interpretación.

La citada ley, en vigor desde el pasado 15 de diciembre, apenas habla de la caza y la pesca, pero, como señala Rafael Domínguez, "pone todos los medios para que en algunos espacios no se pueda cazar y elimina algunas modalidades de caza". La ley ahora tiene que desarrollarse reglamentariamente, ya que en la ambiguedad de su interpretación reside uno de sus mayores peligros, y por ello, los representantes del mundo cinegético extremeño apuntan que las organizaciones del sector se plantean un recurso de inconstitucionalidad.

CONSECUENCIAS Restringir la caza puede tener graves consecuencias para Extremadura, donde, según datos de Aproca, el volumen de negocio es de 220 millones de euros. A esta cantidad se suman las cifras que mueven puestos de trabajo indirectos como, por ejemplo, los relacionados con la hostelería, que se nutre del turismo cinegético en toda la temporada.

En el punto dos de su artículo cuatro la normativa recoge que "las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y en particular a los expropiatorios, respecto de los bienes o derechos que pudieran resultar afectados".

EXPROPIACIONES Este punto despierta el recelo de los cazadores, ya que de los cuatro millones de hectáreas de la región, tres forman parte de cotos, y "desde luego de ellos la mitad están en Red Natura 2000, con lo cual se van a ver directamente afectados por esta ley", recuerda Teresa González. Pero estas expropiaciones de terrenos o derechos pueden afectar también a otras actividades como la ganadería, la siembra o la extracción del corcho. "Nosotros no estamos en contra de la conservación, todo lo contrario, pero esta ley tan restrictiva puede hacer que, por ejemplo, actividades como la extracción del corcho queden limitadas por el hecho de tener un nido de buitres en un alcornoque. Esto puede llevar a esta finca limitaciones tan singulares como la de que a partir de las once de la mañana ya no se pueda trabajar ahí, con todo lo que ello conlleva", explica la directora de Aproca.

Otro artículo polémico es el 62, que regula la caza y la pesca de forma restrictiva y prohibe el uso de munición de plomo en zonas húmedas con importancia internacional, la Red Natura 2000 y espacios naturales protegidos. El problema, según el sector, es que no define claramente lo que se considera humedal.

Esta ley a la que los representantes Asaja Extremadura, Aproca Extremadura y la Federación Extremeña de Caza tachan de oscurantista, ambigua y confiscatoria cuenta además con un régimen sancionador "terrible, porque recoge multas de hasta dos millones de euros", alertan estas organizaciones.