El secretario regional de Comisiones Obreras, Valentín García, aseguró ayer que en estos momentos la huelga general convocada para el 20 de febrero en los pueblos extremeños y andaluces "parece inevitable" una vez que la última propuesta del ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, "no va a ser igual que que había pero con otro nombre". Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, discrepa con los sindicatos regionales, y sí aprecia "una rectificación" del Gobierno. Por su parte, el propio Zaplana apeló ayer al "sentido común" de UGT y CCOO para que desconvoquen la movilización.

García criticó el nuevo proyecto presentado por Zaplana, que, a su juicio, no es sino la Renta Activa de Inserción con carácter indefinido, "no un nuevo subsidio". Asimismo, recalcó en que será un programa "ligado al presupuesto anual".

Por lo que se refiere a los anunciados programas de formación, recordó que ya se incluyen desde 1996 en el Aepsa --antiguo PER-- "y el Gobierno no se ha gastado ni un céntimo, es imposible debido a la dispersión". Con todo, el líder sindical tiene claro que el ministro "nos está vendiendo un jamón de bodega por uno de pata negra", al tiempo que se muestra pesimista sobre la situación en estos momentos: "No hay posibilidades de negociación porque ya es una decisión tomada". Zaplana vino a Mérida, concluyó García, "a engañar y mentir indignamente".

REACCIONES

Por su parte, el presidente andaluz, Manuel Chaves, declaró que si el Gobierno "mantiene por escrito" la propuesta verbal sobre el subsidio agrario planteada a él y al presidente extremeño, Rodríguez Ibarra, será "rectificación del decretazo ".

Mientras, Eduardo Zaplana apeló al "sentido común y a la solidaridad" de CCOO y UGT, y argumentó que si se volviera a la situación anterior a la reforma, tal y como demandan los sindicatos, se dejaría sin cobertura a 200.000 trabajadores del campo de toda España.

En el mismo sentido se pronunció el presidente del Partido Popular extremeño, Carlos Floriano, quien señaló que si los sindicatos defendiesen realmente los intereses de los jornaleros "apoyarían la reforma".