El Sector de Administración de Justicia de CCOO ha denunciado hoy la «caótica» situación de los juzgados de reclamación de cláusulas suelos en la región, que «han nacido ya muertos» al no ser dotados con el personal y los medios necesarios, en una clara intención de desmotivar a los consumidores y favorecer a los bancos. Así lo aseguraron ayer los responsables de este sector en Badajoz y Cáceres, Vicente Alegre y José Antonio Barca, en rueda de prensa, cien días después de la creación de estos juzgados, para lamentar esta situación, que pone de relieve, según el primero, «la gran estafa del Gobierno» a favor de la banca, informa Efe.

Los dos juzgados que se pusieron en marcha en Extremadura el 1 de junio para este fin, en Cáceres y Mérida, carecen de personal para que registren y tramiten las demandas, ya que sólo cuentan con un juez de adscripción territorial, un letrado y dos funcionarios de la lista de interinos cuando deberían contar con siete funcionarios, de acuerdo con las directrices del Consejo General del Poder Judicial. En estos cien días, en Cáceres se han registrado 1.382 demandas por cláusulas suelo y 75 están pendientes de registrar, por lo que suman un total de 1.457. Por su parte, en Mérida han entrado 1.800 demandas y están pendientes de registrar 468 por cláusulas suelo, ya que no hay personal nombrado para que se registren y se tramiten, según Vicente Alegre.

Además, denunció que en el caso de este último juzgado se están utilizando dos ordenadores y un escaner de «segunda mano», así como una impresora descatalogada, un material claramente insuficiente para que éste pueda funcionar. Alegre explicó que un juzgado normal de Primera Instancia tramita unas 600 o 700 demandas al año, para dar idea del volumen de trabajo que tienen los juzgados de cláusulas suelo, imposible de funcionar con la dotación actual de medios personales y materiales.

Además, precisó que el Consejo General del Poder Judicial establecía que se debería crear un nuevo juzgado bis, con su respectiva plantilla, cuando se llegase a las 1.000 demandas, un precepto que se debería cumplir tanto en Mérida como en Cáceres pero que aún no se ha materializado. Esto, a su juicio, pone de relieve que el Gobierno «no parece que tiene interés de que funcionen las reclamaciones de cláusulas suelo», ya que con esta escasez de medios se alargan mucho los procedimientos, lo que desmotiva a los afectados y los impulsa a llegar a un acuerdo con el banco.

Asimismo, el dirigente de CCOO puso de relieve que esta situación colapsa también otros servicios de la Justicia, con los perjuicios que esto ocasiona a los ciudadanos. Por ello, Juan Antonio Barca reclamó al Ministerio de Justicia que cumpla con las instrucciones del CGPJ y que dote tanto de medios humanos como materiales a estos juzgados para que puedan funcionar correctamente, pues sólo se han nombrado funcionarios para una parte del procedimiento que se debe acometer. Para tratar esta situación, los representantes sindicales mantendrán una reunión el próximo día 16 con la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera.