La Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de CCOO de Extremadura pidió ayer al Gobierno regional que "defienda el trabajo de los funcionarios que componen los tribunales", una vez archivada judicialmente su denuncia sobre las posible irregularidades en las oposiciones a jefes de sala del servicio 112.
Este sindicato indicó mediante un comunicado de prensa que "tal y como ratifica la juez del juzgado número 2 de Mérida, no hay indicios con los que continuar las diligencias".
La Junta de Extremadura trasladó en mayo al Ministerio Fiscal el expediente administrativo sobre las oposiciones de acceso a las plazas vacantes de jefe de sala del 112, explicó entonces la consejera de Presidencia, Casilda Gutiérrez.
En la nota de ayer, CCOO afirma que "nos parecía exagerado el envío a la fiscalía ya que desconocíamos los motivos sobre los que se basaba la Junta para encontrar indicios de delito".
Además, la federación sindical pide a Ibarra que rectifique las declaraciones que hizo en las que afirmó que "el problema de los tribunales era que los presidentes de este proceso son funcionarios y éstos no tienen ningún tipo de responsabilidad".
FSAP-CCOO considera "exagerado" el envío a la Fiscalía ya que desconocía los motivos sobre los que se basaba el Ejecutivo regional para encontrar indicios de delito.
