Un centenar de maltratadores que no deben ingresar en prisión están a la espera de entrar en el programa de rehabilitación de la Junta de Extremadura, que hasta el momento ha atendido ya a 80 hombres.
El programa de rehabilitación de maltratadores, destinado a aquellos casos en los que los condenados pueden permutar su pena por terapia de rehabilitación, y no para los que deben ingresar en prisión, era antes competencia de la Consejería de Bienestar Social y ahora lo es de la de Igualdad y Empleo, cuya responsable, Pilar Lucio, concretó ayer que dicho programa lo va a asumir el Instituto de la Mujer. "Antes dependía de la Dirección General de Infancia y Familia, pero va a pasar a depender del Instituto de la Mujer, por entender que hay que dar un nuevo enfoque al proyecto desde el punto de vista de la mujer", señaló Lucio.
La consejera informó de ello en Cáceres, donde en la mañana de ayer mantuvo una reunión con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Aurelio Blanco, para abordar cuestiones que afectan a las competencias de este nuevo departamento del Gobierno regional, como la violencia de género, el incremento en la delincuencia juvenil y la siniestralidad laboral. "Se trata de impulsar la colaboración entre la administración de Justicia y el Ejecutivo regional con el fin de dar una mejor respuesta, más rápida y más ágil, a los problemas de los ciudadanos que afectan a las citadas áreas", señaló la consejera poco antes de comenzar la reunión, en la que también estuvieron presentes fiscales delegados de ambas provincias y representantes y técnicos de la Consejería, como la directora general de la Mujer, María José Pulido.
Esta concretó, respecto al programa de rehabilitación de maltratadores, al que se han acogido desde que se inició, en el 2006, uno 80 hombres que han visto sustituida su pena por esta acción correctiva y de reinserción, Pulido indicó que en la actualidad hay en Extremadura un centenar de condenados por maltrato que están a la espera de acogerse a este programa, "que es independiente del que se realiza en las prisiones, ya que este es sustitutivo de la pena". Es por ello, añadió, que "habrá que tratar con la Fiscalía cómo se enfoca este tema desde la nueva perspectiva que se le quiere dar".
En cuanto a la delincuencia juvenil, el fiscal-jefe y la consejera hicieron constar que se trata de un asunto "en el que se ha de incidir y estudiar fórmulas adecuadas de coordinación para conseguir que bajen las cifras, pues según los datos de la Fiscalía las infracciones penales cometidas por menores crecieron de forma considerable el año pasado en la región"; como también se quiere potenciar, indicaron, la coordinación en los asuntos de siniestralidad laboral.
La consejera de Igualdad aprovechó la cita para asegurar, también, y en otro orden de cosas, que desde la Consejería "vamos a trabajar en todos los órdenes y con esfuerzo para intentar conseguir la agilización de los trámites que hay que realizar en el caso de adopciones nacionales y en el acogimiento familiar".
