El CEP propone instar a la Dirección General de Política del Ministerio del Interior para que instruya a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para que califiquen como infracción grave las faltas de respeto a los agentes de la autoridad en la vía pública, "priorizando" la resolución de esas conductas.

Actualmente existe un gran malestar en las fuerzas y cuerpos de seguridad porque consideran que el 80% de esas infracciones graves se resuelven en los tribunales como faltas leves, que como mucho son sancionadas con multas de 60 euros.

Las multas por infracciones administrativas recogidas en la ley orgánica sobre protección de la Seguridad Ciudadana oscilan entre los 300 y los 30.000 euros en aquellos casos de alteración de orden público.