El Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura cree que la Junta debería aprovechar la aprobación de la ley antibotellón para establecer una nueva regulación de los horarios de los bares y prohibir totalmente la venta de alcohol en las estaciones de servicio situadas fuera de los municipios. A pesar de sus recomendaciones, el dictamen elaborado sobre el anteproyecto de Ley de la Convivencia y el Ocio coincide con gran parte del espíritu y el fondo de la nueva ley. Tanto que el CES dio luz verde al anteproyecto por unanimidad.

El Consejo Económico y Social tiene claro que la Ley de la Convivencia y el Ocio, la denominada ley antibotellón , debería incluir un apartado en el que se prohibiese totalmente la venta de alcohol en las gasolineras situadas fuera de los cascos urbanos, ampliando así a las 24 horas la actual restricción horaria en la venta de estos productos. De esta prohibición quedarían exentas las estaciones de servicio que estén ubicadas dentro de los municipios, que, en opinión de este órgano consultivo, deberían pasar a ser consideradas "tiendas de conveniencia".

Por otra parte, el dictamen del CES, al que ha tenido acceso EL PERIODICO EXTREMADURA, considera que la tramitación de esta norma supone "una oportunidad inmejorable" para prohibir la venta y el consumo de alcohol en todos los centros dependientes de la Administración --tanto autonómica como local-- "sin excepciones". Esto afectaría, por ejemplo, a las cafeterías de hospitales y colegios.

Por otra parte, este informe de carácter preceptivo asegura también que sería "conveniente" que la Junta promulgue un nuevo decreto que regule los horarios de apertura y cierre de los bares.

APROVECHAR EL MOMENTO

Aunque no ofrece más detalles sobre esta propuesta, deja claro que se trata de tener una normativa "más acorde con las comunidades del entorno" y que podría entrar en vigor al mismo tiempo que la ley antibotellón .

Por otra parte, en el dictamen se recuerda al Ejecutivo regional que la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma "establece la necesidad de incorporar una memoria económica que contenga la estimación del coste de todas estas medidas". En este sentido, "se echa en falta" una referencia a las fuentes de financiación.

Por eso, reclama la creación de un fondo regional que podría dotarse de consignaciones presupuestarias y de la recaudación obtenida a través de las sanciones previstas.