El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, emplaza a los presidentes de 16 tribunales superiores de justicia con los que se reunió hoy -todos menos el de Baleares- a "controlar la legalidad" de las juntas de jueces celebradas los pasados 21 de octubre y de noviembre y las que hay previstas para el mismo día del mes de enero, así como la amenaza de huelga convocada en algunos territorios para febrero, con el fin de evitar que este movimiento termine afectando al servicio público de la Administración de Justicia.

Según recoge la agencia Europa Press, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, señala que se ha pedido a los TSJ que informen "de la forma más urgente posible" si las juntas ya celebradas en sus territorios -en las que los jueces criticaron la actual carencia de medios de la Justicia- llegaron a afectar a la celebración de algún juicio o acto judicial en concreto. Si la respuesta en afirmativa, el Consejo podría actuar "por los cauces legalmente previstos". "De ninguna forma vamos a permitir que el ciudadano se vea perjudicado".

Bravo explica que los presidentes de tribunales superiores coincidieron hoy durante su reunión en Madrid en expresar su "preocupación", por este movimiento de protesta de los jueces, si bien el CGPJ se muestra convencido de que podrá "reconducir la situación" porque la iniciativa no es unánime y faltan dos meses para la anunciada huelga -aprobada, de momento, en Murcia, Extremadura y Galicia-.

No obstante, Bravo elude pronunciarse sobre la postura de los presidentes sobre este asunto concreto porque durante la reunión de hoy, que se extendió durante más de tres horas por la mañana y continuó por la tarde, no se realizó ninguna votación al respecto.

Simplemente, según la portavoz, se conmina a los magistrados a controlar que las juntas, además de no provocar suspensiones de juicios, se convocan por motivos legales y no incluyen en sus órdenes del día cuestiones ajenas a temas de servicio. Una de estas cuestiones, ya tratadas en algunas de las juntas, se refiere a la falta de independencia de los vocales del Consejo nombrados por el Parlamento.