La Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha un plan de inspección con el objetivo de combatir los alojamientos turísticos ilegales en la región. Hasta la fecha, se han identificado un total de 406 viviendas ilegales de uso turístico e interpuesto dos multas de 6.001 euros, de entre los 14 expedientes sancionadores que se han abierto.
Esta actividad inspectora que desarrolla el Gobierno regional desde el inicio de la legislatura se configura como el primero de los cinco ejes de acción que se están llevando a cabo para la lucha contra este fraude. «Estamos en contra de la economía sumergida y a favor de los empresarios que cumplen la normativa turística, que crean empleo y riqueza», sostiene a este diario el director general de Turismo, Francisco Martín. En esta acción inspectora, la Junta ha localizado a través de páginas web a los alojamientos ilegales. «Tenemos los mismos inspectores que tenía el PP cuando no hizo absolutamente ni abrió ningún expediente sancionador, la diferencia está en que ahora hay una voluntad política de actuar», subraya.
De las viviendas localizadas, 102 están en fase de actuaciones previas, esto es, se ha localizado al propietario y el servicio de inspección «ha podido informarles de los pasos para regularizar su situación», de lo contrario, sería el paso anterior al expediente sancionador. Según Martín, en la región hay 1.400 empresas de alojamientos turísticos que ofertan en torno a 40.000 plazas.
El segundo eje de actuación es el relativo a la colaboración con los ayuntamientos para identificar las viviendas, puesto que en muchos casos es «imposible» identificar al propietario porque en las plataformas no aparecen ni fotos de la fachada ni contacto del dueño. Durante los siete meses de trabajo con los ayuntamientos de Cáceres, Mérida y Plasencia, que, junto con Badajoz, concentran la «mayor problemática de las viviendas ilegales», se ha llegado a la conclusión de que de los 406 alojamientos ilegales detectados, 261 se localizan en estas ciudades, el 64% del total.
El tercer eje ha sido buscar el compromiso con el Gobierno central y se le ha trasladado la necesidad de disponer de un «marco armonizado» en España que regule el uso de las viviendas de uso turístico. Otro de los ejes es el trabajo con las plataformas comercializadoras, a las que han requerido que eliminen «de forma inmediata» de sus canales de publicidad y comercialización los establecimientos que no posean la declaración responsable y no están inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo.
También se ha iniciado un procedimiento para reformar la Ley de Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura para que todas las plataformas de comercialización de alojamientos identifiquen el número de registro del empresario.
