Cinco ayuntamientos de la región --los de Guadalupe, Villalba de los Barros, Pozuelo de Zarzón, Villanueva de la Sierra y Bodonal de la Sierra-- han asumido la gestión de sus centros de día, pisos tutelados y residencias de ancianos municipales tras romper la concesión que tenían con la empresa Asociación para la Gestión de Servicios Sociales de Extremadura. El motivo, explican, es el incumplimiento reiterado de las condiciones de adjudicación; en concreto, por el impago reiterado de las nóminas a los empleados de estos centros de atención a mayores y las carencias detectadas en el servicio.
Servicios Sociales llevaba varios meses con problemas económicos, tal y como reconoció en octubre su gerente, Carlos Macías. Entonces acumulaba retrasos de entre dos y tres meses a los trabajadores de algunos de los casi 20 centros municipales para ancianos que gestionaba en Extremadura. Era el caso, según denunció UGT, de los pisos tutelados y centros de día de Ibahernando, Guadalupe, Villanueva de la Sierra y Pozuelo de Zarzón, entre otros. Ello llevó a la empresa a presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba al 25% de sus trabajadores. En total, 26 puestos de trabajo --sobre una plantilla de 108-- debían desaparecer para, según Macías, garantizar la viabilidad de la empresa, hacer frente a los impagos y poder seguir prestando los servicios de gestión en todos los municipios.
Sin embargo los ayuntamientos se han cansado de esperar soluciones. El consistorio de Bodonal de la Sierra rompió la concesión a finales de octubre y desde entonces ha asumido la gestión de las 16 plazas ocupadas y de los 10 empleados que tenía. Algo similar ha ocurrido en Villalba de los Barros, donde el equipo de Gobierno intentó negociar un nuevo contrato de adjudicación más exigente --ante las deficiencias detectadas en el servicio-- y la empresa rechazó la oferta desligándose de la gestión; en este caso el consistorio ha hecho la concesión con otra compañía del sector.
También Guadalupe y Villanueva de la Sierra han roto con el equipo de Macías. El alcalde de esta última localidad, Francisco Javier Simón, asegura que Servicios Sociales debe las nóminas de julio a diciembre de ocho trabajadores del centro de día y "tiene deudas con proveedores y la Seguridad Social". El regidor pone en duda incluso que la empresa tenga aprobado el ERE. "La concesión, del 1 de enero de 2010 al 14 de diciembre, ha sido un fracaso. Hemos tenido que abrirles siete procesos sancionadores por los retrasos salariales y otras deficiencias como la escasez de alimentos para los 19 usuarios del centro", apunta Simón.
Asimismo Pozuelo de Zarzón ha asumido, desde el 1 de enero, la gestión de las 16 plazas existentes en sus pisos tutelados y los sueldos de las siete empleadas que trabajan en ellos. "El propio Carlos Macías mandó una carta de renuncia. Nosotros les hemos presionado para que lo hicieran, porque tras dos años de gestión y los problema de impago surgidos en verano, la situación no mejoraba", explica la alcaldesa del municipio, Cristina Tomé.
No obstante, no todo son críticas hacia esta empresa. En municipios como Holguera están encantados con la gestión que está realizando Servicios Sociales y en otros como Fuenlabrada de los Montes o Palomas aseguran que "no hay ningún problema" o que los que habían "se están resolviendo".
