El arraigo laboral, que entró en vigor el pasado lunes y que se aplica por primera vez en España, es uno de los procedimientos permanentes que permiten al inmigrante regularizar su situación en España de forma excepcional.

Este deberá acreditar dos años de estancia en nuestro país y un año de relación laboral, este último mediante sentencia o a través de la Inspección de Trabajo. El Gobierno confía en que la medida logre luchar contra la inmigración clandestina.

El inmigrante debe acreditar que carece de antecedentes penales tanto aquí como en su país de origen y no tener prohibida la entrada en España.