El Servicio Extremeño de Salud (SES) canalizó 895 interrupciones voluntarias del embarazo en 2016, que se practicaron en su totalidad en clínicas privadas concertadas. Así lo ha indicado la directora general del Instituto de la Mujer (IMEX), Elisa Barrientos, en contestación a una pregunta de Podemos en una comisión parlamentaria. De esos 895 casos, 226 corresponden a jóvenes de entre 20 y 24 años, según datos de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, lo que evidencia, según Barrientos, la necesidad de seguir insistiendo en la formación en salud sexual.

La diputada Jara Romero ha criticado que todas las interrupciones se hayan realizado en clínicas privadas, en vez de en la sanidad pública, y por medio de legrados, cuando los procedimientos farmacológicos son menos invasivos y peligrosos, y reducen las repercusiones psicológicas en la mujer. Romero ha considerado que las intervenciones suponen un mayor negocio por las clínicas y ha criticado que la sanidad pública esté permitiendo esta «violencia obstétrica».

La parlamentaria de la formación morada, que ha manejado distintos datos que le ha facilitado la Consejería de Sanidad por escrito, no se cree que en estos tiempos todos los profesionales de la sanidad pública se opongan a practicar abortos.

objetores // Barrientos ha reconocido que no hay un registro actualizado de profesionales objetores de conciencia, un derecho que recoge la ley, y ha indicado que la Junta de Extremadura es partidaria de que todas las prestaciones sanitarias se practiquen en el SES. No obstante, ha expresado que la Consejería de Sanidad tiene «plena confianza y seguridad en las clínicas concertadas». Al no ser médica, no ha entrado en los criterios para practicar legrados.

La parlamentaria de Podemos también ha criticado que no haya registro de los casos de violencia machista que hayan llevado a interrupciones voluntarias del embarazo.