Los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el traspaso en la gestión del Transporte Sanitario Terrestre concluyeron ayer en la Asamblea de Extremadura con un acuerdo entre PP y Podemos, que se han apoyado mutuamente para aprobar sus conclusiones y elevarlas a pleno.

El PSOE, que se quedó solo a la hora de defender las injerencias de la anterior adjudicataria y el boicot al servicio en los primeros días del traspaso a la nueva empresa, Ambulancias Tenorio, elevará sus conclusiones a pleno mediante un voto particular, como también hará Ciudadanos. Cada grupo expuso sus conclusiones y manifestó su opinión sobre las de los demás en la reunión de ayer de la comisión.

Las conclusiones de Cs fueron rechazadas con los votos en contra del PSOE y la abstención de Podemos y PP, al igual que las del Grupo Socialista, que tampoco prosperaron al contar con la negativa de todos los grupos de la oposición.

El diputado del PP José María Saponi reiteró que su grupo trasladará a la Fiscalía sus conclusiones, ante los indicios de posibles delitos, como la remisión distinta de información a los licitadores que terminó beneficiando a la actual adjudicataria, Ambulancias Tenorio.

Saponi lamentó que diez años después el concurso del transporte sanitario extremeño se haya adjudicado por apenas tres millones más de euros —de 119 a 122 millones de euros— a pesar de las mejoras introducidas en el pliego de condiciones con respecto a un número mayor de vehículos y trabajadores, una «insuficiencia económica» que, a su juicio, pone en riesgo la futura prestación del servicio.

También hubo, en su opinión, un trato de favor hacia Ambulancias Tenorio y una dejación de funciones por parte de la Administración al no exigir el cumplimiento den las mejoras que recogía el pliego, así como con respecto a las certificaciones técnicas de vehículos.

Podemos coincidió en sus conclusiones con el PP en la constatación de las supuestas irregularidades en torno a la distinta información que recibieron los licitadores, con lo que el concurso para su diputado Daniel Hierro «no fue transparente», mientras que su precio tampoco contempla la cuantía real del servicio.

Hierro incidió en los problemas laborales que tenían tanto los trabajadores de la anterior adjudicataria, el Consorcio Extremeño de Ambulancias, como los de la actual y reiteró que es intolerable y abusiva la contratación en prácticas, pues de los 135 conductores contratados, 132 lo son en esta modalidad.

En este argumento coincidió la formación morada con el PSOE, cuya portavoz, Ascensión Godoy, pidió a Ambulancias Tenorio que disminuya sus contratos en prácticas y a la Junta que exija «con más ahínco» el cumplimiento de las cláusulas sociales incluidas en el pliego de contratación. Para Godoy, la comisión ha permitido constatar la transparencia en el concurso, así como que todo el proceso de traspaso de la gestión estuvo «plagado de injerencias de la anterior empresa con la ayuda del PP», lo que cristalizó «en un boicot perfectamente orquestado» que dio lugar a las numerosas incidencias que se registraron en los primeros días.

Para la diputada de Cs, Victoria Domínguez, la comisión no ha permitido constatar ni supuestas ilegalidades en el proceso, como sostiene el PP, ni el boicot que denuncia el PSOE.