Para calcular la parte que le corresponde a cada comunidad, se estudian las necesidades de cada una de ellas para prestar los servicios públicos a los ciudadanos, como son la sanidad, la educación o los servicios sociales. El modelo vigente, aprobado en 2001, tomó como base de cálculo los gastos ocasionados por estos servicios en el año 1999. Los criterios de reparto enfrentan a las comunidades, de forma que aquellas que más han incrementado su población apuestan por calcular el reparto en función de sus habitantes, mientras que otras como Extremadura, piden que se tengan en cuenta aspectos como la dispersión y el envejecimiento de la población.
