Unas de las principales novedades introducidas en el nuevo estatuto es la posibilidad de crear una polícía autonómica extremeña similar a la que ya tienen Cataluña y País Vasco. En concreto, en el apartado dedicado a las relaciones con la administración central, se abre la puerta a un cuerpo de seguridad propio de Extremadura sujeto a la legislación del Estado, y también se hace referencia a la posibilidad de establecer la "adscripción permanente o la colaboración temporal de unidades del Cuerpo Nacional de Policía".
En el ámbito de las competencias, el texto recoge el deseo de asumir las transferencias en materia de Justicia y, sin hacer referencia a la central nuclear de Almaraz, ni a la refinería de petróleos proyectada en Tierra de Barros, se destaca el respeto a las normas relacionadas con las industrias mineras, de hidrocarburos y energía nuclear. No obstante, la propuesta se reserva la posibilidad de volver a reformar el estatuto o solicitar al Estado una ampliación competencial en el caso de que el nivel de autogobierno de Extremadura se vea en un determinado momento desconpensado con el del resto de comunidades autónomas.
