La concesión administrativa para el servicio de distribución de gas canalizado en Extremadura a la empresa Dicogexsa enfrentó ayer en la Asamblea a la Junta y al Partido Popular. Así, mientras el secretario general de la Consejería de Economía, José Manuel Jover, reiteró que el proceso judicial "está cerrado jurídica, económica y materialmente", el PP insistió en pedir responsabilidades políticas por esta concesión "irregular", según el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que "acusa a la Junta de desviación de poder", señaló el portavoz del PP, Javier Casado.
Jover compareció ante la Comisión de Economía de la Asamblea, a petición Casado, para informar de la interposición y posterior desestimiento por parte de la Junta de un recurso contra la decisión del TSJEx de anular esta adjudicación.
El secretario general de Economía indicó que el recurso se limitaba a un ámbito jurídico de concesiones administrativas en materia del gas que la ley de hidrocarburos transformó en autorizaciones libres, lo que liberalizó el mercado.
Jover reiteró que Repsol Butano, empresa que se consideró afectada por la adjudicación a Dicogexsa, entendió que "ya no había nada que reclamar", y avisó que no iniciará ningún proceso por daños.
ACUSACIONES A este respecto, Javier Casado mostró sus dudas y señaló que si "nadie ha dicho nada ante un asunto tan grave" es porque "pienso que a Repsol le van a dar concesiones, como así está sucediendo, y a Dicogexsa le darán la distribución de los ramales", algo que negó Jover.
Sin embargo, Casado recordó las palabras del exdiputado de IU Manuel Cañada, "que nadie rebatió entonces", comentó, en las que éste desveló que la adjudicación a Dicogexsa se produjo en el cortijo de un responsable de la empresa, en presencia del consejero de Economía y del presidente extremeño. La sentencia del TSJEx viene a decir, afirmó Casado, que "se ha adjudicado un concurso en plan amiguete".
La respuesta de Jover fue tajante: "No se ha dado nada a los amiguetes, ni se ha adjudicado a dedo, eso lo hacen otros", en referencia a ayuntamientos del PP, que no citó.
La discusión entre ambos incluso se prolongó más allá de las puertas del Parlamento una vez terminada la comparecencia.
Además, los votos en contra del PSOE evitaron la comparecencia en la Asamblea de representantes legales de ambas empresas, tal y como pedía el PP.
