La incertidumbre laboral sobre el grupo financiero formado por CAI, Caja Badajoz y Círculo de Burgos comienza a ser un problema. Desde Zaragoza, el comité intercentros de Caja Inmaculada (CAI) ha acordado estudiar la impugnación del acuerdo de fusión fría entre la entidad aragonesa, la burgalesa y la pacense e interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo si no se le proporciona información sobre el plan de integración, según confirmó la presidenta del citado comité, Victoria Camarena.
El comité intercentros de CAI estudiará, además, en septiembre si convoca una huelga general. Con este frente a la vista, el presidente de Caja Badajoz, Francisco García Peña, aseguró ayer que el Sistema Institucional de Protección (SIP) creado por las tres cajas saldrá adelante manteniendo "todo el empleo posible", al tiempo que dudó que los sindicatos de CAI pudieran impugnar, jurídicamente, esta alianza.
Habrá que esperar hasta septiembre para ver si los sindicatos de Caja Inmaculada convocan una huelga en contra del proceso de integración, pues aún hay demasiadas incógnitas. La principal es el impacto laboral que puede provocar la fusión fría. Desde las cajas se ha asegurado que la afección será "mínima", pero el plan de integración --aún inconcluso-- deberá concretar la pérdida de empleo.
El paro como medida de presión ya fue aprobado por los empleados en diciembre pasado, cuando CAI barajó una posible integración virtual con Caja Rioja y Caja Insular de Canarias.
El presidente de Caja Badajoz, Francisco García Peña, no ve sentido a impugnar la constitución del SIP pues, dijo, es "un acuerdo entre tres partes que han aprobado el Banco de España y el Ministerio de Economía y no sé si eso se puede impugnar o no; si ello es jurídicamente posible", dijo.
Además, señaló que los representantes sindicales de la entidad pacense están puntualmente informados, "hasta donde podemos, pues estamos en la fase inicial y no es posible atender toda la información demandada, pero en las próximas semanas podremos ofrecer una foto final con una visión de futuro", señaló.
Las entidades están aún a la espera de que concluyan estudios que no ha dado tiempo a completar y que estarán a finales de mes.
García Peña afirmó que su criterio ha sido "siempre el de mantener todo el empleo posible. No tiene sentido que firmemos convenios por el empleo y nosotros lo destruyamos, por lo que los sindicatos no deben preocuparse en este aspecto".
En cuanto al posible excedente de personal, el presidente de la caja consideró que "el efecto de la fusión será lo menos negativo posible, pues tenemos un margen de maniobra suficiente para hacer un proceso no traumático". Y destacó que la caja tiene un número elevado de trabajadores mayores de 60 años, lo que permitirá tomar decisiones con las que todos nos sintamos cómodos. No va a haber un fractura traumática aquí, y exactamente igual en CAI". Su idea es mantener el máximo empleo y en las mejoras condiciones de trabajo posibles", explicó
Preguntado por una estimación sobre el posible número de trabajadores que tendrán que salir, el presidente de la entidad señaló que aún no dispone de un estudio que concrete la dimensión de ese excedente de personal "que en efecto puede haber".
