El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María Vázquez, aboga hoy por mirar la etiqueta de un producto antes de comprarlo para conocer su procedencia, composición y calidad.

Según la agencia Efe, el consejero subraya que los consumidores tienen que ser conscientes que, cuando adquieren un producto que viene de países que no pertenecen a la Unión Europea, no tienen las garantías de calidad o de seguridad alimentaria que exige la normativa comunitaria, por lo que, a su juicio, a veces no compensa la diferencia de precio que pueda existir entre ellos.

Los productos de Extremadura y de España tienen unas garantías y unos controles previos antes de llegar al consumidor y, por ello, es bueno comprarlos, según Vázquez.

A su juicio, la colaboración ciudadana es fundamental para atajar cualquier tipo de fraude alimentario, por medio de sus denuncias.

Según el consejero, la sociedad moderna quiera saber que no le engañan cuando compra un producto y que efectivamente paga por algo que es lo que realmente dice que es. "Esto hay que garantizárselo y la forma es con los correspondientes controles e inspecciones alimentarías" y sanciones, si llega el caso, que pueden ser penales si se atenta contra la salud.

Por su parte, el fiscal Superior de Extremadura, Aurelio Blanco , cree que no hay un "volumen de fraude alimentario preocupante", ya que las denuncias "se pueden contar con los dedos de las dos manos".

Blanco señala que se vive en una sociedad en la que los riesgos se han incrementado como consecuencia de las nuevas tecnologías, sobre todo de la biotecnología, y de los nuevos formatos y productos que se han lanzado al mercado, por lo que, en su opinión, es necesario estar preparados para estos nuevos retos.

Estos nuevos retos, según Blanco, no pasan ya hoy día por el hecho de que ante un daño que se produzca hay que indemnizar al perjudicado, sino por prevenir ese riesgo.

Tanto el consejero como el fiscal participan en la inauguració de las Jornadas sobre la Sociedad del Riesgo y el Fraude Alimentario, organizadas por la Fiscalía Superior de Justicia de Extremadura y la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.