El consejero de Administración Pública y Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, resalta que, salvo que se entre en concreciones, cosa que no cree porque quedan dos meses para perfilar las bases del acuerdo, ve de forma positiva que se intente pactar con todas las comunidades para reducir el déficit.

Además, critica la propuesta popular porque no ve posible bajar los impuestos y, a la vez, reducir el endeudamiento. "No se puede bajar los impuestos y, simultáneamente, incrementar el gasto, o al menos no reducirlo, sin recurrir a la deuda", remacha el consejero extremeño, quien se expresa así a la entrada del Consejo de Política Fiscal y Económica que se celebra en Madrid.

En cuanto a la posibilidad de aplazar la Ley de Dependencia, cree que es uno de los grupos de trabajo que se tiene que constituir y que, siempre y cuando no queden mermados los derechos de los ciudadanos que son ya beneficiarios de la ley, se puede intentar acompasar y ralentizar la ejecución del gasto dentro del objetivo de reducir la diferencia actual entre ingresos y gastos.

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Economía en la Comunidad, María Luisa Arauco, se compromete ser corresponsable con el Gobierno de España a la hora de hacer un esfuerzo de austeridad y recortar en 415 millones su presupuesto, tal y como pidió el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a todas las autonomías. Arauco cree que la cantidad es proporcional al tamaño y número de habitantes de la región.

Asimismo, la vicepresidenta manchega recuerda que el propio presidente de la comunidad lo había anunciado y que, el dos de marzo, Extremadura ya presentó un Plan de Austeridad que va en la misma línea que la del Gobierno central.

Un plan que se basa, según explicó, en el ahorro de gastos de funcionamiento de la Administración, en una gestión más eficaz de los recursos que destinamos a gastos de personal, una reordenación en profundidad del sector público de Castilla La Mancha, es decir, un esfuerzo para reducir el déficit.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda del País Vasco, Carlos Aguirre, considera que sería necesario realizar acuerdos presupuestarios "a la carta" debido a que los problemas económicos son "diferentes" entre las comunidades autónomas. Por ello apostó por que cada comunidad tenga una "senda de equilibrio presupuestario" en función de sus "posibilidades, competencias y necesidades". "Nos estamos planteando un elemento de futuro de cara a conseguir que cada una de las regiones tenga una solución particular a sus problemas ya que se estaban planteando soluciones generales a problemas que son diferentes", enfatiza el consejero vasco.

En este sentido, la consejera de Hacienda de la Xunta, Marta Fernández Currás, valora la necesidad de que sea el Gobierno quien lidere y "describa" las propuestas "concretas" para lograr cumplir con el mandato de Bruselas y reducir el déficit público a niveles "más cercanos al tres por ciento" y recuerda que "no todas las comunidades" han cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Según esto, la consejera gallega asegura que sería "absurdo" que las regiones no compartieran el Pacto de Estabilidad y Crecimiento propuesto por el Gobierno y aclara que en su comunidad ha habido ya una "contención de gastos de funcionamiento, rebajas de sueldos y una moderación en las cuentas públicas". Somos una de las pocas comunidades que devolvemos el presupuesto ejecutado del 2009 cumpliendo con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria", enfatiza

Por otro lado, el consejero de Economía de Argón, Alberto Larraz, apuesta por esperar a ver qué les proponen en la reunión pero, en principio, cree que habrá que hacer un esfuerzo, aunque espera que se reconozca que su Comunidad ya ha hecho esfuerzos importantes durante todo el 2010 en este sentido.

Sobre la reconversión de las empresas públicas para disminuir el gasto, Larraz apunta que en Aragón ya han comenzado el proceso y aseguró que durante el año 2010 han hecho un esfuerzo muy importante en esta línea dentro del primer paso del mismo. P

Por último, la consejera de Economía de la región de Murcia, Inmaculada García, exige al Gobierno que el plan de austeridad se aplique a todas las comunidades por igual, ya que, tanto el Gobierno central como algunas comunidades, "todavía no lo han aplicado".

De esta forma, García asegura que el Ejecutivo regional está "abierto" a que todas las comunidades sean "iguales" y se contribuya de la "misma forma y de la misma manera" a solucionar la crisis económica actual.

No obstante, reitera la propuesta del PP de no subir el IVA, al contrario que lo propone el Gobierno, y asegura que si esta medida del Ejecutivo central finalmente se lleva a cabo supondrá un "efecto perverso" para la economía española. "No va a suponer un aumento de la recaudación sino una bajada de la misma", apostilla tras exigir al Gobierno que aplique "su plan de reequilibrio" y que ponga "encima de la mesa" su plan de austeridad y "ejerza sus competencias".