Ninguno de los titulares de la Consejería de Hacienda en el periodo 2007-2018 comparecerá en la Comisión no Permanente de Investigación sobre la contratación de personal en el sector público empresarial de Extremadura, según establecieron ayer los miembros de esta comisión.
La puesta en marcha de esta comisión de investigación fue aprobada el pasado mes de enero en el seno de la Asamblea de Extremadura, merced a una iniciativa del PP que contó con el apoyo de PSOE y de Podemos.
En su segunda reunión, a la que no acudió la representante de Ciudadanos (Cs), se determinó el listado de comparecientes ante la misma, después de que algunas de las propuestas hayan sido rechazadas y otras ratificados por los grupos parlamentarios.
Los diputados del PSOE, con la abstención del PP, rechazaron las comparecencias —pedidas por Podemos— de los exconsejeros Ángel Franco (2007-2011), Antonio Fernández (2011-2014) y Clemente Checa (2014-2015), y de la actual titular de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, Pilar Blanco-Morales.
Según los socialistas, los consejeros «no tienen competencias de contratación». Tampoco comparecerán 19 trabajadores y trabajadoras de empresas públicas que el PP había solicitado, pues el PSOE lo rechazó y Podemos se abstuvo, pero la mayoría socialista en la Cámara legislativa decantó la decisión a su favor.
En este punto, los socialistas afirmaron que «el objeto de esta comisión es conocer los procesos de contratación», en el que «nada tienen que ver» las personas contratadas. «¿Por qué solo 19 personas del total de trabajadores?», se preguntó el diputado socialista Carlos Labrador, quien habló de «persecución ideológica», después de que el PP, en la sesión plenaria del pasado 25 de enero, acusará al Gobierno regional de convertir la sociedad Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura (GISVESA) en «una agencia de colocación del PSOE».
