El Consejo Consultivo de Extremadura (Ccex) tramitó en el 2003, su primera año de actividad, un total de 143 expedientes. Este órgano, presidido por la catedrática de Derecho Administrativo Rosa Muñoz desde el 20 de marzo del 2003, desempeña una tarea "fiscalizadora preventiva" de las disposiciones legales o actos jurídicos que adoptan las administraciones de la región. Es decir, se trata de un filtro que examina la adecuación de las disposiciones legales a la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el ordenamiento jurídico en general.

De los 143 dictámenes evacuados, la mayor parte de los expedientes tienen que ver con casos de responsabilidad patrimonial (115), seguido de evaluaciones sobre proyectos de decreto remitidos principalmente por las distintas consejerías de la Junta. En los dictámenes de responsabilidad patrimonial el consejo trata de determinar si procede o no dicha responsabilidad ante la petición que realiza un ciudadano a la Administración tras sufrir un percance.

LESION EN BIENES Y DERECHOS Según la Constitución, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, "siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". La labor del consejo se centra en determinar si la lesión por la que reclama el ciudadano está derivada de la prestación de servicios públicos y, por tanto, la Administración tiene que pagar.

Son frecuentes por ejemplo las reclamaciones ante el sistema sanitario o por accidentes de tráfico sufridos por la irrupción de un animal salvaje en la carretera (un ciervo o un jabalí). Los otros integrantes del consejo son Manuel Veiga, Antonio Vázquez, Clemente Checa, Juan Antonio Patrocinio, Rosario Macías y Romualdo Hernández Mancha.