El Consejo Escolar de Extremadura ratificó ayer el borrador del decreto que regulará la enseñanza concertada durante los próximos cuatro años (seis para Primaria), una normativa que según defendió el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, «es más funcional» y garantiza la calidad educativa.

El texto, que ahora deberá enviarse a la Abogacía General de la Junta para su informe y posterior aprobación en Consejo de Gobierno, fue avalado en el pleno del Consejo Escolar con 14 votos a favor, siete en contra y 20 abstenciones, según informó USO en una nota. Este sindicato (el mayoritario en la concertada) y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) rechazan el texto al considerar que no atiende las reivindicaciones del sector y que puede suponer recortes.

Uno de los aspectos del nuevo decreto que más controversia ha generado es que para la creación o supresión de las unidades concertadas se toma como referencia la ratio media de alumnos de los centros públicos. Sin embargo, según aclaró ayer Rodríguez de la Cruz, esta cuestión que «algunos presentan interesadamente como una novedad polémica y objetable», es algo que viene ya establecido por real decreto desde 1985 «y se ha estado haciendo así desde entonces». Frente a la oposición de USO y Concapa, el secretario general de Educación defendió que el nuevo decreto establece una vigencia cuatrienal (de seis años en el caso de Primaria), lo que permitirá ganar en estabilidad de los conciertos ya que se adaptarán a la duración de las etapas educativas. «Se mejora en cuanto a técnica educativa el decreto actual y es más funcional, pues incorpora al articulado aspectos antes ausentes y que resultaba necesario regular, como el uso de Rayuela, el ajuste del currículo oficial, las unidades de apoyo o la titulación de los profesores», detalló De la Cruz, que quiso «mandar un mensaje de tranquilidad a los centros, los profesores y las familias porque la educación concertada no está en peligro en Extremadura».

La Junta también quiso aclarar que la redacción de un nuevo decreto que regule la enseñanza concertada «no obedece a ningún capricho ni es fruto del revanchismo político», si no «un imperativo legal» ya que la vigencia del actual decreto caduca este curso académico. Recuerda también que es la primera vez que un borrador de decreto de este tipo se ha llevado a la Mesa de la Enseñanza Concertada.