El Tribunal Constitucional (TC) no reconoce el derecho a que la sanidad pública extremeña pueda ofertar un acceso universal de esta asistencia a todas las personas, incluidos los extranjeros en situación administrativa irregular, según la Junta de Extremadura.
Así se lo ha notificado hoy el TC al Gobierno extremeño, que acata la sentencia, aunque no la comparte.
El fallo se refiere al recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Extremadura de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social.
El requerimiento del Gobierno central ha sido admitido por siete votos frente a cinco que sostenían la constitucionalidad de la norma, ha detallado el Ejecutivo regional.
La ley planteada por la Junta de Extremadura pretendía establecer, entre otras cuestiones, el reconocimiento del derecho universal a las prestaciones sanitarias de todas las personas, independientemente de la situación jurídica y administrativa de las personas en España.
El Ejecutivo extremeño viene defendiendo que el derecho a la salud "conecta con la esencia de la condición humana y con la dignidad de las personas".
Sin embargo, la mayoría del TC y el Gobierno de España, que impulsó el recurso, ha señalado el Ejecutivo extremeño, consideran que pueden existir personas no beneficiarias de tal derecho, por lo que deben ser excluidas de las prestaciones que las comunidades autónomas puedan establecer.
En ese sentido, el Ejecutivo autonómico ha lamentado que la sentencia considere que ofrecer sanidad pública y gratuita a los inmigrantes que no han logrado conseguir papeles suponga un choque con áreas que son responsabilidad directa del Estado.
