La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al frente de la cual estará el hasta ahora fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Aurelio Blanco, queda constituida en un acto solemne desarrollado en la sede del TSJEx en Cáceres con la presencia del fiscal de sala del Tribunal Supremo, el extremeño Antonio Narváez, que presidió la ceremonia. Según informa la agencia Europa Press, al acto asistieron también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco; el presidente del TSJEx, Julio Márquez de Prado; el presidente de la Asamblea, Juan Ramón Ferreira; la delegada del Gobierno en la región, Carmen Pereira; y la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, entre otras autoridades. En su intervención, Narváez indica que la constitución de las Fiscalías Superiores de las comunidades autónomas "permitirá la culminación del despliegue territorial" realizado por esta institución para adaptarse al modelo de Estado autonómico diseñado por la Constitución de 1978. Además reseña que no se trata sólo de un cambio de nombre, si no de una "auténtica remodelación del Ministerio Fiscal" que supondrá "un movimiento de aproximación de este órgano a la sociedad". Por su parte, el nuevo fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, califica este lunes de "día de gran importancia" para la región ya que de esta forma el nuevo órgano se convierte en "el interlocutor válido entre la Fiscalía y la comunidad autónoma" de forma que la relación con los extremeños será más cercana "al contar con más herramientas" y consolidar "el despliegue territorial". Con la Fiscalía Superior de Extremadura, que contará además de con el fiscal superior, con un teniente fiscal y un fiscal, se pondrá en marcha también la Fiscalía Provincial de Cáceres, la de Badajoz y la de área de Mérida, con lo que "se podrá responder mejor a las necesidades de los extremeños", detalla Blanco. Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, observa que con este nuevo modelo organizativo del Poder Judicial, se "consolida un modelo territorial que redundará en una mejora del servicio a los ciudadanos". "Se abre un nuevo cauce de relaciones con este órgano", comenta Vara, quien recuerda que si bien ya existía antes, "ahora lo será por imperativo legal", ya que el fiscal superior se convierte desde hoy en el máximo representante del Ministerio Público en cada región y en el interlocutor válido de las autoridades e instituciones, con la capacidad de firmar convenios autonómicos con autorización del fiscal general del Estado. Fernández Vara resalta que el papel de la Fiscalía es el de la defensa de la legalidad, lo cual tiene una trascendencia importante en una comunidad como la nuestra en la que el modelo que se defiende es el de "los derechos de los ciudadanos, pero también el de sus deberes". Con la creación de este órgano el presidente cree que se avanza en el modelo territorial y ahora se pasa a "hacer las cosas en nuestra tierra, por nuestra tierra y para nuestra tierra". En cuanto al proceso de transferencias de las competencias, el presidente de la Junta manifiesta que se retomará el asunto una vez pasen las elecciones y que de momento se hará un inventario para "conocer la situación y saber qué necesita la Justicia en Extremadura en cuestiones materiales", como por ejemplo el Palacio de Justicia que se reivindica para Badajoz. "Hay que contabilizarlo, presupuestarlo y meterlo dentro de la transferencia como un anexo de inversiones". El presidente se refiere al conflicto de los trabajadores de la administración de Justicia que reivindican mejoras salariales y equiparación de sueldos con el de otras comunidades autónomas. Según Vara, "habrá que hablar todo esto, por que no es normal que se asuman unas competencias y al día siguiente se pongan los trabajadores en huelga porque no se satisfagan sus exigencias". No obstante, se muestra optimista con el proceso de negociación porque "si hemos cerrado una transferencias de 15.000 trabajadores en Educación y de unos 13.000 en Sanidad, cómo no vamos a llegar a un acuerdo de 1.500 trabajadores en Justicia". "Si hay buena voluntad de llegar a un acuerdo no habrá ningún problema"