Empresas contratadas para la ejecución de la planta de biodiesel de Valdetorres han denunciado que no han cobrado lo que se les adeuda por estas obras, con lo que, para muchas de ellas, la situación es extremadamente difícil. En concreto, indican que a la constructora Pozo Prieto se le deben seis millones de euros; a Tuberías y Soldaduras Urban, casi un millón, y a las firmas que colocaron los tanques y que suministraron elementos de ferretería, 2,5 millones y 200.000 euros, respectivamente.

Mientras, desde Bioenergética Extremeña, firma propietaria de la planta, su director de compras, Pablo Guerrero, señaló que tienen noticias de las reclamaciones de las empresas, pero aclaró que su empresa no tiene nada que ver con los impagos. Guerrero explicó que Bioenergética encargo a CMB Austria la construcción de una planta ´llave en mano´, es decir, "CMB construiría la planta y nosotros les pagaríamos según un calendario acordado". El representante de Bioenergética indicó que este acuerdo pasaba por pagar un 30% de los 39,5 millones que cuesta la planta al inicio de la construcción "y así se cumplió", y el resto tres meses después de entregarse la instalación.

Como quiera que esta entrega se produjo el 16 de julio pasado, el resto del dinero "se pagará, tal y como está estipulado, el 16 de octubre". Guerrero aseguró que entiende la situación difícil por la que pueden estar pasando algunos de las subcontratistas, "y nos hemos ofrecido incluso a mediar con los bancos para ayudarles mientras les pagan", pero insistió en que Bioenergética "no tiene ninguna relación jurídica" con estas empresas, y por tanto no puede asumir los pagos.

Además, explicó que Bioenergética también ha sufrido por los retrasos de CMB, ya que el retraso en la entrega de la planta les ha supuesto la pérdida de contratos importantes "lo que nos llevó a una situación muy delicada", aunque asegura que cumplirán con sus compromisos "con el rigor que nos caracteriza".

Uno de los afectados, Antonio Urban, propietario de la empresa de tuberías, señaló que se les devuelven las facturas y los pagarés que presentan, y que las empresas en la misma situación, una docena al menos, se están planteando acudir a los tribunales. En un escrito, las firmas afectadas tachan la situación de "estafa" y apuntan que corren peligro 200 empleos, algunos en empresas de la región.