Los trabajadores del Consorcio de Transporte Sanitario de Extremadura se reunieron ayer en Mérida con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para trasladarle su «preocupación» por la adjudicación de este servicio a la empresa andaluza Tenorio e Hijos por 30,5 millones anuales para los próximos cuatro años (122 en total, con una rebaja de 17 sobre el tipo de licitación).

El portavoz de los trabajadores y delegado sindical de UGT, Rubén Serradilla, explicó al término del cuentro que Vara se ha comprometido a que la nueva adjudicataria cumpla el contrato «a rajatabla» y les garantizó que sus sueldos no van a bajar. Se marcharon «con un poco más de tranquilidad», aunque con la incertidumbre aún pesando sobre sus cabezas. «Mi preocupación es qué va a ser de nosotros, porque hay siete empresas (las que conforman el Consorcio) que se van a ir a la calle», señaló.

El pliego de condiciones establece que los 842 trabajadores del transporte sanitario deben subrogarse al contrato y que la nueva empresa debe hacerse cargo de ellos «con todos los derechos y deberes», lo que incluye el cumplimiento del convenio colectivo aplicable en cuanto a salario y condiciones laborales. Sin embargo, los trabajadores no confían en que esto vaya a mantenerse, pues aseguran que la oferta de Tenorio «es inviable para cubrir gastos». «Solo los conductores suponen un gasto de 29 millones. ¿De dónde van a sacar para gasóil, ruedas e infraestructura?», se preguntó Serradilla.

El trabajador también aseguró que la adjudicataria no cuenta con sedes en la región, algo que se recogía como obligatorio en el contrato, y que acumula «un montón» de denuncias e incluso una querella criminal en los tribunales. «Todo esto se lo hemos mostrado (a Vara) y nos ha dicho que va a mirar a la empresa con lupa», aseguró.