«Tenemos que preparar un plan de futuro para la zona, pero a corto plazo no da tiempo», con estas palabras la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, pidió ayer que se le permita a la central nuclear de Almaraz prolongar su licencia de funcionamiento. «En estos momentos no hay alternativa y la seguridad está garantizada», aseguraba en una entrevista en Canal Extremadura para defender la continuidad de esta infraestructura, que supone un motor económico fundamental para la zona de Campo Arañuelo (genera más de 800 empleos directos y 2.900 indirectos).

Desde que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cerrar el parque nuclear progresivamente hasta el año 2028, la preocupación no ha desaparecido de la comarca extremeña.

Los propietarios de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa) tienen previsto solicitar el próximo 2019 una prórroga por 10 años de la licencia, la cual cumple en su primer reactor en 2023 y en su segundo en 2024. Si no fuera concedido significaría que en solo cuatro años empezaría a gestionarse el cierre de la central nuclear. De hecho, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ya ha pedido subastas especiales de energía en las zonas que pudieran verse afectadas por este cambio de política.