Coria debe tener una de las tasas más elevadas de España de piscinas per cápita". La frase la pronuncia un cauriense crítico con la política de urbanismo --o más bien su carencia-- de este municipio, uno de los ejemplos más evidentes de la falta de control sobre las edificaciones en suelo no urbanizable (muchas de ellas, casas de campo con piscina) que en los últimos años ha registrado Extremadura, como el resto del país, pero que se persigue cada vez más. Una finca, un plano y unos ladrillos han acostumbrado a ser casi los únicos requisitos imprescindibles para construirse una segunda residencia en los últimos años.

En Coria, el ayuntamiento estima que hay más de un millar de construcciones irregulares, que en muchos casos llegan a constituir núcleos poblacionales que superan en tamaño a pedanías como Rincón del Obispo. Así puede observarse a través de cualquier programa informático que proporcione vistas aéreas, como Google Earth o el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (ver gráfico).

¿Pero cómo es posible que un delito alcance tales dimensiones? ¿Y que los responsables de perseguirlo --en primer lugar, la administración local y, de forma subsidiaria, la regional-- no lo atajen? Para el portavoz del PP en Coria --además de senador y responsable de Vivienda del PP en la Cámara Alta, así como secretario de la misma materia en la ejecutiva regional--, José Manuel García Ballestero: "ha habido manga ancha tanto por parte del ayuntamiento, para evitar enfrentamientos con los vecinos, como de la Junta, que ha mirado para otro lado".

Responsable "sin medios"

El alcalde cauriense, el socialista Juan Valle reconoce que velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas en el término municipal de Coria forma parte de su responsabilidad como representante de la administración local --así, de hecho, lo fija la ley--, pero alega no contar con medios suficientes para afrontarla. "El problema que tenemos los alcaldes --porque las viviendas irregulares proliferan en todos los municipios, no solo en Coria-- es que no tenemos medios para vigilar las construcciones", afirma.

En este sentido, Valle subraya que cuando asumió la alcaldía emitió un bando advirtiendo que no se tolerarían las obras de viviendas ilegales, así como que desde su llegada al ayuntamiento "no se ha dado ningún permiso de enganche de luz ni agua a viviendas fueras de ordenación, como han hecho otros alcaldes antes". Sin embargo, considera que no puede ir más allá, "porque no tengo conocimiento de las viviendas que se están construyendo, al no haber nadie que me lo diga. Yo no soy el que está por ahí vigilando si levantan o no levantan viviendas, ni tengo los medios para hacerlo".

Pero si los ayuntamientos no ejercen su labor de vigilancia sobre las construcciones irregulares, el Ministerio Fiscal puede imputar a sus responsables por omisión de su deber (construcciones no autorizadas en lugares especialmente sensibles). Es precisamente lo que ha ocurrido con el exalcalde de la localidad de Coria, Joaquín Hurtado, a quien la Fiscalía ha imputado en un posible delito de prevaricación por conocer la ilegalidad de unas obras y consentirlas. El citado exedil no tiene conocimiento de dicha imputación, según afirmó a este diario.

También es cierto que este problema no ha surgido de un día para otro, ni mucho menos en esta legislatura. Así lo destaca no solo el actual alcalde, sino los responsables de todos los partidos con representación en el ayuntamiento (PP, Siex, Ipex, aparte del PSOE). Así, la coincidencia es total para reconocer que el problema existe, que comenzó hace muchos años (hasta 25 o 30) y que en ese tiempo ha dado tiempo a construir más de un millar de edificaciones irregulares; pero se esfuma para buscar soluciones.

Cinco años y ningún plan

El más reivindicativo a la hora de pedir medidas es el portavoz del PP: "hay un problema y hay que atajarlo ya". A su juicio, la falta de control sobre el urbanismo cauriense está frenando el desarrollo de la ciudad y solicita, en primer lugar, que se apruebe el Plan General Municipal, que fue adjudicado hace más de cinco años y del que, según denuncia: "ni se sabe nada, ni se le espera", pese a que cree que "sería un buen instrumento para legalizar todas las viviendas que sea posible". Esta es una de sus principales propuestas, junto con la creación de una Oficina de Vigilancia Urbanística.

También el alcalde declara que la intención de su partido era crear este organismo, que, sin embargo, no se ha podido llevar a la práctica por la falta de recursos del municipio. En cuanto al plan general, afirma que la empresa que lo tiene adjudicado, cuyo responsable es el arquitecto Antonino Antequera, está trabajando en el mismo en colaboración con los técnicos del ayuntamiento. "Estamos en vía de buscar soluciones al problema", asegura a la vez que se muestra partidario de legalizar las viviendas que se pueda (algunas, por ejemplo las que están en zonas inundables del Alagón, difícilmente podrán serlo), aunque indica que "eso conlleva un coste que no siempre los propietarios están dispuestos a asumir", recordando un caso en el que se intentó legalizar, sin éxito, uno de los núcleos de edificaciones irregulares.

En concreto, la asistencia técnica para la redacción del Plan General Municipal de Coria fue adjudicada por la Junta a la empresa Altays el 12 de noviembre del 2003. El arquitecto responsable de este proyecto admite que su elaboración se ha dilatado en exceso, sobre todo por un problema "específico": "la falta de iniciativa y de toma de decisiones de la anterior corporación municipal", que estuvo liderada por Joaquín Hurtado Simón, del Centro Obrero Empresarial.

Ahora, en cambio, --según Antequera-- se están llevando a cabo reuniones periódicas entre la empresa y el ayuntamiento, por lo que considera que el plan "está muy adelantado". No obstante, preguntado por su previsión sobre cuándo podría aprobarse dicho proyecto, el alcalde de Coria estimó que "en dos o tres años".

Entretanto, el ordenamiento urbanístico de Coria se rige por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y las modificaciones a las que han sido sometidas en los últimos años. Lo que sí se ha hecho es una actualización del catastro para poder cobrar el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) a las edificaciones fuera de ordenación. Esta iniciativa no supone la legalización de ninguna vivienda, aclara el alcalde, pero elimina, desde su punto de vista, "un agravio comparativo, ya que hasta ahora pagaban los propietarios de unas cosas y los de otras no".

En esta percepción coinciden también los representantes de Ipex y Siex en Coria, Juan Carlos Pérez e Iñaki Perianes, que en cuanto al abordaje del problema general de las edificaciones ilegales dicen estar "abiertos al diálogo" para buscarle solución. En cambio, el portavoz del PP critica que "pagar el IBI no da derecho a nada, al contrario de lo que piensa mucha gente" y defiende que cada vez son más los caurienses partidarios de "legalizar la situación de sus viviendas", porque en primer lugar es beneficioso para ellos.

Casos polémicos

Quien difícilmente podrá llevar a cabo ese proceso de regularización es Inmaculada Sevillano, cuya vivienda será derribada por las obras de construcción de la autovía que unirá Plasencia con la frontera portuguesa. Cuando hace dos años se aprobó el proyecto, muchos afectados por el trazado definitivo --sobre todo, dueños de fincas de regadío-- se quejaron de que había cambiado para "salvar casas ilegales". En el caso de Inmaculada, ocurrió lo contrario.

"Al principio me quitaban un trozo de terreno, pero ahora me tiran la casa", asegura esta ama de casa cauriense, que reside habitualmente en la vivienda afectada por las obras de la autovía con su marido y sus tres hijos. Inmaculada se queja de que, por tratarse de una edificación fuera de ordenación --construida hace 20 años y que no ha sido posible legalizar, argumenta la propietaria, por la negativa del ayuntamiento--, la indemnización es muy pequeña, insuficiente para adquirir una nueva vivienda. "¿Qué hacemos, nos vamos a vivir debajo de un puente?" se pregunta la afectada, que ha recurrido la tasación.

Otra familia envuelta en problemas legales es la de José Manuel Pérez, cuyo padre, Laureano Pérez Montero, fue detenido, junto con otras siete personas, por unas construcciones en una zona protegida del cauce del Alagón y que presuntamente invadían una vía pecuaria (la Junta resolvió después que eran las viviendas del otro lado del camino las que lo ocupaban). Para Pérez, esta denuncia resulta injusta en un municipio en el que "hay miles de viviendas ilegales" y considera que vino motivada por una carta del actual alcalde, entonces en la oposición, que alertaba de estas edificaciones al ayuntamiento.

"Mi padre solo había vendido terreno y fue, por aparecer en aquella carta, el que quedó como un delincuente", manifiesta José Manuel, que destaca que esta acusación estuvo agravada por los problemas de salud del denunciado, el trato que recibió de los agentes de la Guardia Civil y por ser acusado de un delito generalizado en Coria. "¿Hay muchísimas casas ilegales, por qué solo le denunciaron a él? ¿Por qué Juan Valle, ahora que es alcalde, no actúa contra las edificaciones irregulares?", plantea.

Sobre este tema, el alcalde asegura que la denuncia no fue consecuencia de su carta, que asegura que iba dirigida al anterior alcalde "para que actuara la administración local, no el juzgado" . Según Valle, en Coria hay diversas causas judiciales abiertas por delitos vinculados al urbanismo y todas se han iniciado a raíz de denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Sea cual sea el germen, lo cierto es que, como publicó ayer este diario y reconoce la fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Cáceres, Olga Suárez, Coria posiblemente es el municipio cacereño donde se contabilizan más infracciones urbanísticas.