Cortés admite irregularidades administrativas pero no fraude

Supuestamente, Cortés, como conocedor de las ayudas europeas para la intervención, almacenaje y transformación del higo seco, en la campaña 1998-1999 habría falseado documentos y utilizado a empresas, agricultores y otros medios para recibir ayudas por una cantidad de higos que nunca existió; habría cobrado unas ayudas --se cifran en unos 170 millones de las antiguas pesetas-- por higos inexistentes. Pero él se muestra tajante. "Se pudo cometer algún error administrativo, pero en ningún caso ni fraude ni falsedad, pues todo se hizo según lo establecido por la normativa europea y absolutamente todo se justificó ante la Administración regional", aseguró.

En ello insistió una y otra vez durante las más de tres horas que se prolongó su declaración en el juicio. Junto a él, en el banquillo de los acusados, se sentó José Javier García Cuadrado, expresidente de la cooperativa Iniciativa Rural y también de la sociedad Sat-Lacteas, empresas estas que junto con Sat Horr, de la que era presidente Cortés, se habrían utilizado para el fraude de dichas ayudas.

A ambos les acusa el Ministerio Fiscal de un delito de fraude a la Hacienda de las Comunidades en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil por el que pide para cada uno 4 años de prisión y 625.075 euros de multa; además del pago conjunto de algo más de un millón de euros en concepto de responsabilidad civil, para devolver el dinero que supuestamente se cobró de forma indebida al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

La trama, según las acusaciones, consistía en que Cortés a través de Sat Horr, sociedad para la que había obtenido la acreditación como organismo almacenador de higos secos, recibía ayudas por los higos que compraba a los agricultores. También compraba a Iniciativa Rural, de la que era secretario, higos comprados a industriales, a un precio menor. Y Sat Lacteas, de la que sus dos hermanos eran socios, compró a Sat Horr la mayoría de los higos adquiridos.

LAS VERSIONES Aunque Cortés mantuvo en todo momento que todas las operaciones están acreditadas y justificadas, el Ministerio Público mantiene que existen partidas de higos sin acreditar, que a través de estas sociedades Cortés hizo que los supuestos agricultores que le vendían los higos le entregaran la misma cantidad de dinero que luego él les devolvía mediante transferencia, para demostrar ante la administración que había comprado y pagado los higos almacenados y así acceder a las ayudas.

Pero Cortés lo negó. Desmintió que obligara a los agricultores a darle el dinero que costarían los higos supuestamente comprados, ni que falseara adquisiciones. "Los higos existieron y se pagaron, todos, y lo vieron los técnicos de la Junta de Extremadura", subrayó, para añadir: "Quienes no los vieron fueron los agentes de la Guardia Civil, pero porque se presentaron cinco años después".

Lo que sí insistió fue en reconocer que se produjeron irregularidades administrativas, como presentar un contrato tarde, "pero si un contrato, por ejemplo, hay que presentarlo el día 15 y se presenta el día 16, ¿dónde está el delito?", se preguntó al tiempo que insistió en advertir que las irregularidades administrativas las cometió tanto él como la Junta, "debido al desconocimiento que ambas parte teníamos de la normativa que regulaba esas ayudas, por ser la primera vez".

Y salvo los errores administrativos, afirmó, no hay nada. "La Guardia Civil estuvo investigando ocho meses y no encontró nada, y ahora tampoco lo encontrarán, pues todos los higos que compramos se pagaron y, como se establecía, se vendieron para pienso animal".

Poco más aclaró con su declaración García Cuadrado, quien a todas las preguntas que se le formularon, como si vio los higos que compró Sat Lacteas para las ovejas de su cabaña, o si efectuó él los pagos por las compras, dijo no recordar o no tener nada que ver con las operaciones relacionadas con la compra y almacenaje de higos secos, algo, dijo, ajeno a su actividad.

LARGO Y COMPLEJO Tras la primera sesión de la vista, centrada exclusivamente en las declaraciones de Luis Cortés y García-Cuadrado, el juicio continuará hoy con las primeras declaraciones de testigos, que continuarán a lo largo de las 10 sesiones fijadas para su desarrollo. Está previsto que se prolongue dos semanas dada la complejidad del caso, que demuestran los miles de folios que lo integran, la decena de letrados, --además de la fiscal actuan como acusaciones los abogados de la Junta y el Estado, y además de las defensas de los dos imputados, los de las entidades bancarias y sociedades a las que se hace responsables subsidiarios-- y más de medio centenar de testigos.