Los diputados socialistas rechazan la enmienda del PP al proyecto de Ley de Creación de Entidades Públicas de la Junta, que se debate en el pleno de la Asamblea de Extremadura, y que regula la puesta en marcha de cinco nuevos entes para gestionar asuntos como la dependencia o el consumo.Según recoge la agencia Efe, s trata de la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa, el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, y el Instituto de Consumo de Extremadura. propósito, según el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, durante la defensa del proyecto de ley, es incrementar la agilidad y transparencia de la Administración estableciendo un régimen común para estas nuevas entidades y evitando una excesiva burocratización. Para ello establece unas disposiciones comunes a todos ellos en materia de régimen jurídico, presupuestario, económico-financiero, jurídico-administrativo, de responsabilidad patrimonial, personal, contratación, subvenciones y relaciones con otras entidades. Todo ello, subraya, compatible con el ordenamiento jurídico y avalado por informes de diferentes órganos consultivos. Por su parte, el Grupo Popular defiende una enmienda a la totalidad del texto postulando su devolución al Gobierno, entre otros motivos, porque estas entidades "nada tienen que ver entre sí y afectan a diferentes consejerías". A juicio de su portavoz, Pilar Vargas, esta norma supone un "barullo legislativo" de 29 artículos para regular asuntos tan importantes como la atención a la dependencia, la educación o el consumo e incumpliendo los dictados de la Ley de Gobierno. Critica que se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, "hurtando el debate parlamentario". "No nos oponemos a los entes, sino a las formas que se han elegido para crearlos". Por ello, propone una regulación propia para cada uno de estos entes como organismos autónomos. En su opinión, esta norma supone también una "fábrica de altos cargos" y ha recibido pegas del Consejo Económico y del Consultivo, que "están diciendo en sus informes que está mal legislado". Por el Grupo Socialistas-Regionalistas, el diputado Estanislao Martín defiende el objeto de esta norma y su regulación porque "es una ley meramente instrumental" que dota a la Administración de herramientas para la gestión de las tareas encomendadas. Según apostilla, regula la puesta en marcha unos entes "transparentes", que no requieren la infraestructura "costosa" de los organismos autónomos, teniendo en cuenta la opinión de "todos los sectores sociales".
