Sí a la responsabilidad social empresarial, pero no de forma obligatoria. El secretario regional de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), Juan Manuel Arribas, manifestó ayer su oposición a que la responsabilidad social empresarial se tenga que cumplir por las empresas de forma obligatoria, tal y como se recoge en el anteproyecto de la Ley de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura, que ayer se presentó a los agentes económicos y sociales junto al borrador del Anteproyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres Contra la Violencia de Género en Extremadura.

Al contrario que los sindicatos, Arribas explicó que los empresarios extremeños consideran que la RSE "debe ser una cuestión voluntaria y una contribución activa de las empresas" y por tanto, "debe ir más allá del cumplimiento de las leyes y tratarse de una forma distinta y especial". Una cuestión que ha impedido que el dictamen elaborado por el Consejo Económico y Social para esta nueva norma haya sido consensuado, puesto que como señaló Rosario Riñones, secretaria de acción sindical y empleo de UGT, desde el sindicato están "de acuerdo con que la RSE sea obligatoria para las empresas".

Sin embargo, Arribas explicó que este desencuentro "no quiere decir que la Creex no vaya a contribuir a la extensión de la RSE con valor añadido", sino que consideran que "es una cuestión de competitividad que las empresas deben adoptar de forma voluntaria para mejorar su posición en el mercado".

Según explicó la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, la Ley de Responsabilidad Social de Extremadura, "que podría estar lista en el segundo semestre del año, es una ley pionera en España" que va a permitir que las empresas que apuesten por ser socialmente responsables, "tengan unos beneficios de cara a las contrataciones por parte de la Administración, así como subvenciones y otro tipo de ayudas".

Por otra parte, Lucio también presentó ayer el borrador del anteproyecto de la Ley de Igualdad de Extremadura, que servirá para adaptar a la región a la normativa nacional y hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres. Una norma incluida en el Pacto Social y Político de Reformas por Extremadura que básicamente estará orientada a regular la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la vida laboral y sobre todo, a resolver los problemas que las mujeres rurales puedan tener con respecto a la violencia de género.