La Federación de Servicios Públicos de UGT en Extremadura ha criticado la política relacionada con los mayores llevada a cabo por la Junta de Extremadura, y acusa en este sentido a la Junta de mantener una "normativa obsoleta, unas instalaciones inadecuadas y una política de personal desligada de las necesidades".

Así lo constata Francisco Gálvez, miembro de la Unión Sindical Profesional de Personal Sanitario, en una información publicada en la revista Actualidad de FSP-UGT de Extremadura, recogida por Europa Press.

Gálvez explica que la actual Ley 2/1994 y el Decreto 4/1996 abordan el problema de los mayores como "un mero trámite de autorizaciones y como un asunto exclusivo de los Servicios Sociales, obviando el componente sanitario, e introduciendo unas ratios de personal que más parecen de residencia veraniega que de centros geriátricos".

En su opinión, se vive en una "verdadera ficción legal" en cuanto a la calificación de los centros, y explica que al estar considerados en su mayoría como mixtos (asistidos y válidos), "en muchos de ellos los ancianos sobrepasan el 70%". Esto supone un "considerable ahorro para la administración, que no adecúa en materia dotacional ni de personal dichos centros, y un deterioro de la atención al usuario que la coloca en ocasiones al borde del colapso". Galván cree "falso" que los servicios estén cubiertos.