El sindicato CSI-CSIF Extremadura, ante el paro de secretarios judiciales que afectará a los juzgados de la región mañana martes, acusó ayer al Gobierno de desviar su responsabilidad a la hora de solucionar los problemas de la Administración de Justicia. Los secretarios judiciales han convocado un paro de tres horas en protesta por la decisión de Justicia de sancionar con dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal de Sevilla que no ejecutó la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés.
En un comunicado, CSI-CSIF muestra su repulsa por las sanciones que se vienen imponiendo a los distintos cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y en concreto por la que afecta a esta trabajadora. Este sindicato considera que tienen su origen en un interés político del Ejecutivo "en quedar impune de las consecuencias de una Administración ineficaz y falta de inversiones, tanto en medios materiales como personales".
CSI-CSIF vuelve a denunciar la escasez de medios y de personal con que cuenta la Administración de Justicia, tanto a nivel nacional como autonómico, y pone como ejemplo el "grave colapso" que se está sufriendo en la Fiscalía de Plasencia. Según precisa, su plantilla no se incrementa desde hace más de 13 años, a pesar de las reiteradas peticiones de sindicatos y miembros de la judicatura extremeña para solucionar el problema. "No queremos ser corporativistas, pero sí somos realistas", asevera CSI-CSIF, para el que las negligencias en la función jurisdiccional que a cada uno le corresponde han de ser pagadas, aunque también por los gobiernos con competencias en la materia.
