El sindicato CSI-CSIF de Extremadura rechazó ayer el proyecto de remodelación de las administraciones periféricas elaborado por la Agencia Tributaria, porque --denuncia en un comunicado remitido a Efe-- recorta competencias a algunas delegaciones y, en consecuencia, los servicios a los ciudadanos.

Según informa el sindicato, la Agencia Tributaria ha entregado a las organizaciones sindicales el proyecto de remodelación de las administraciones periféricas. Este documento asegura que, tras realizar un estudio y debido a las nuevas tecnologías, a una economía de escala y a la lucha contra el fraude, se pretende que ciertas administraciones pierdan competencias y pasen a ser clasificadas en tres niveles.

En el nivel 1, detalla el CSI-CSIF, se encontrarían las administraciones de Mérida y Plasencia, que mantendrían todas sus competencias, mientras que en el nivel 2 --Don Benito y Navalmoral de la Mata-- éstas se reducirían a tareas en materia de personas físicas, agricultores que no ejerzan ninguna otra actividad empresarial y servicios de información y recaudación, que tan sólo tendrían competencias para aplazamientos e información. Finalmente, en el nivel 3, en el que se encuadraría Trujillo, el único servicio que prestaría al contribuyente es el de decepcionar documentos e información.

Estos recortes de competencias, según CSI-CSIF, provocarán que numerosos ciudadanos "tengan que desplazarse a muchos kilómetros ante cualquier requerimiento o problema con la Agencia Tributaria".

Por ello, la organización ha manifestado a la Dirección de la Agencia Tributaria que esto supondrá un "atropello" al ciudadano, al que se clasificaría en diferentes categorías en función de su lugar de residencia.

Argumenta que este proyecto de reforma se apoya en las nuevas tecnologías, en las infraestructuras viarias y la lucha contra el fraude pese a que España es un país donde "el índice de conexiones a internet es muy bajo y las redes viarias no son lo que deberían ser".

Asimismo, añade que tampoco se puede comprender que la lucha contra el fraude pueda ser más eficaz desde la lejanía y no desde unas administraciones cercanas al contribuyente y al posible defraudador.

Por ello, CSI-CSIF apuesta por una administración dotada de los medios necesarios, tanto materiales como humanos, para desempeñar eficazmente su labor "sin necesidad de remodelaciones centralistas", consiguiendo conjugar el espíritu de servicio público con el de eficiencia.