El sindicato CSI-F ha considerado insuficientes las demandas que para la Justicia extremeña ha formulado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Julio Márquez de Prado, y calificado de "dislate" (error, disparate, hecho o dicho sin sentido común) las declaraciones de este sobre los funcionarios interinos.

Además de las necesidades que para el mejor funcionamiento de la justicia en la región citó Márquez de Prado el martes, durante la presentación de la memoria 2008 del TSJEx, el sindicato solicita otras "que han de ser puestas en práctica de manera urgente". Así, en Badajoz, un quinto Juzgado de Instrucción, la ampliación de las plantillas del Registro Civil y del Juzgado de Menores "por la excesiva carga de trabajo que soportan", y la implantación de planes de choque en toda la jurisdicción penal. También prioritario y urgente considera CSI-F dotar a Olivenza, Llerena y Villanueva de la Serena de otro Juzgado de Primera Instancia, y a Mérida de un Juzgado de Menores.

Por su parte, en la provincia de Cáceres es para CSI-F "urgentísima" la ampliación de la plantilla del Registro Civil de Navalmoral, "que está atendido por un solo funcionario y tiene una carga de trabajo muy alta debido a la tasa de población inmigrante de la zona"; y la creación, como se hizo en Badajoz, de un juzgado específico de violencia de género en Cáceres.

MUY CRITICOS En cuanto a las declaraciones de Márquez de Prado "culpando a los funcionarios interinos del incremento de asuntos pendientes en los tribunales extremeños", el sindicato las califica de "dislate", al tiempo que le recuerdan que el 80 % de los interinos que desempeñan su trabajo en la región "tienen probada experiencia laboral en la Administración de Justicia y, es más, muchos de ellos han aprobado las oposiciones pero se quedaron sin plaza".

En cualquier caso, añaden, "el único culpable de la falta de plazas de funcionarios titulares es el Ministerio de Justicia, que no saca a convocatoria pública de empleo ni una cuarta parte de las que se necesitan en Extremadura". Y ven como la única solución a este problema que la Comunidad "asuma con urgencia las competencias en materia de justicia".