¿Imaginan a Grisson (personaje de la serie de televisión CSI Las Vegas , interpretado por William Louis Petersen) o a Horatio (su homólogo en CSI Miami , interpretado por David Caruso), perder un caso y ver cómo un presunto criminal queda libre porque han cometido un fallo a la hora de recoger las pruebas incriminatorias? En la ciencia ficción eso no ocurre casi nunca; en la vida real, según fuentes del ámbito policial y jurídico, tampoco, aunque cada cierto tiempo surge algún caso. El último se ha confirmado hace escasos días.

El pasado lunes la Audiencia Provincial de Cáceres absolvió a tres funcionarios de Tráfico y a un agente de seguros de un presunto delito de falsedad documental y prevaricación por anular sanciones graves a familiares y conocidos. El juez explicó que las pruebas no demostraban la existencia de la trama, entre otras cosas, porque la principal prueba incriminatoria fue declarada nula al ser obtenida de forma irregular, según el magistrado: el volcado de la información de un CD del jefe de sanciones --uno de los imputados-- se llevó a cabo por parte de la Guardia Civil sin orden judicial.

"Son casos aislados. En la Policía Judicial son muy meticulosos y minuciosos. Los agentes saben que se están jugando su puesto de trabajo", apunta un miembro de la Benemérita. Un repaso por el archivo de procesos judiciales en la región le da la razón. Es difícil encontrar episodios similares, aunque alguno hay. En el 2006, por ejemplo, varias personas quedaron en libertad tras ser procesadas en el Juzgado de lo Penal de Cáceres por formar parte de una presunta trama dedicada al tráfico de drogas. Fue el denominado caso Acaro . Los abogados de la defensa lograron demostrar que una de las pruebas cruciales --las escuchas telefónicas-- había sido obtenida de forma ilícita.

Y algo similar ocurrió en octubre del 2003, en el juicio por la llamada Operación Castillo . En esa ocasión fue también la Audiencia Provincial de Cáceres la que dejó en libertad a seis personas acusadas de narcotráfico tras considerar nulas e ilegales las intervenciones telefónicas que sustentaban el proceso. Como consecuencia, uno de los inculpados quedó libre a pesar de que había sido detenido por la Guardia Civil con 64 kilos de hachís escondidos en el interior de su vehículo.

Criterios jurídicos

"Según la Ley orgánica del Poder Judicial, las pruebas obtenidas violando los derechos fundamentales de los investigados son nulas de pleno derecho y por tanto no pueden ser valoradas por los jueces o tribunales. Al faltar esa prueba de cargo las acusaciones suelen quedarse ´mancas´", explica Emilio Cortés Bechialleri, profesor titular de Derecho Penal de la Uex. "Un derecho fundamental está por encima de una investigación criminal que atente contra ese derecho", agrega otro jurista.

Las fuentes consultadas coinciden en destacar la profesionalidad de estos agentes. Pero, ¿por qué cometen estos errores que pueden dar al traste con toda un proceso judicial y jurídico? "Por falta de formación, por ponerse la medalla o, por qué no, porque algunos agentes saben qué jueces de instrucción --que tienen encomendada en exclusiva la limitación de derechos fundamentales-- son ´mollares´ para permitir situaciones límite en materia de legitimidad de la prueba", acusa Emilio Cortés. Un guardia civil de la región hace una lectura más controvertida: "Es ambición. Muchas veces el fin justifica los medios. No pueden alegar desconocimiento, porque son gente que tiene mucha experiencia". El abogado Vicente Vega, por su parte, recuerda que la decisión de declarar nula una prueba corresponde a un juzgado, pero puede ser revocada: "Lo que ha considerado irregular al Audiencia puede sí admitirlo cómo válido el juez que revise el caso".

En los casos más graves, el agente puede terminar procesado. El Código Penal cataloga algunos de estos errores como delito. Rara vez se llega tan lejos.