La Junta de Extremadura es un contribuyente más sujeto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero sus pagos no se efectúan con toda la diligiencia que les gustaría a los municipios. Tanto es así que solo los cuatro principales ayuntamientos de la región están reclamando el pago de 12 millones de euros en recibos atrasados, algunos de hace más de 20 años. De esta cantidad, siete corresponden a Badajoz, 3,8 a Cáceres y cerca de medio millón a Mérida y Plasencia. La capital del Jerte, no obstante, ha optado por saldar la deuda detrayendo del pago del canon del agua la parte que el Ejecutivo le adeudaba por el impuesto ligado a los edificios que posee en la ciudad.
La millonaria deuda de la Administración regional con los ayuntamientos por el pago de este tributo es una de las cuestiones que ha enfrentado a los consistorios con el Gobierno extremeño, especialmente en el último año por los pasos emprendidos en algunas ciudades: además del caso de Plasencia, la capital pacense reclamó a la Junta el pago del IBI por los edificios que el Servicio Extremeño de Salud posee en la ciudad (5,2 millones de euros) y Cáceres ha amenazado con ir a los tribunales si el Gobierno regional no comienza a abonar los más de 3,8 millones pendientes.
Con el fin de no seguir incrementando esa deuda, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se comprometió el pasado septiembre a realizar en tiempo y forma los pagos correspondientes al 2017. Lo hizo tras mantener una reunión con los presidentes de las dos diputaciones, encuentro en el que las tres administraciones se comprometieron a cuantificar esa deuda y firmar un convenio para liquidarla en un periodo de siete años.
Según detalla la Consejería de Economía y Hacienda, «se sigue trabajando» en ese acuerdo y todavía no hay fecha prevista para que se rubrique, pero sí se han comenzado a efectuar algunos pagos: a medida que las distintas consejerías van depurando la información tributaria, se van realizando los primeros abonos. «Todo aquello que se está reconociendo con claridad por parte de las consejerías se está liquidando», señala Hacienda, que confirma su intención de liquidar parte de la deuda pendiente este año. Otra parte se pospondría de acuerdo a ese protocolo de pago que se acuerde con las diputaciones, responsables de los organismos de recaudación.
CUANTÍAS / El departamento que dirige Pilar Blanco-Morales insiste en que cuantificar la cantidad total que se debe a los municipios por el IBI es «difícil» toda vez que se trata de una deuda «viva». Además, el Ejecutivo considera que hay una parte de esa deuda que ha prescrito porque ya ha pasado el plazo de reclamación. «La Junta y los organismos de recaudación tendrán que ponerse de acuerdo acerca del montante final de la deuda pendiente, que englobaría aspectos como la prescripción de determinados importes de deuda y la supresión de determinados recargos de apremio», detalla Hacienda.
Pero los ayuntamientos, que obtienen del IBI un tercio de sus ingresos, sí ponen cifras a las cuentas pendientes de la Administración autonómica por los tributos de sus edificios en los distintos municipios. En agosto del año pasado, solo para las localidades de la provincia de Cáceres la deuda se fijó en 10 millones de euros. Para el conjunto regional, alcanzaría los 27 millones. Una cantidad que, según la Consejería de Hacienda, se habría conseguido rebajar «sustancialmente» a finales del 2016 con el mencionado adelanto de los pagos, que solo en el área de Vivienda han alcanzado los cuatro millones. El resto no se puede certificar hasta que las diferentes consejerías envíen sus datos.
