La Audiencia de Badajoz suspendió el juicio de Caval iniciado ayer, para estudiar el tribunal una cuestión de legitimidad sobre la representación legal de la cooperativa de Valdelacalzada, que plantearon los letrados de la defensa, al entender que corresponde al administrador concursal nombrado a raíz entrar en concurso de acreedores en 2011, y no a la letrada que representa a los afectados por la quiebra, Rosalía Perera.
Esta fue una de las cuestiones previas que presentaron los defensores de los acusados Manuel García --exgerente--, Manuel Corrales --comercial-- y Carmen Teixeira --esposa del anterior--, por la que el tribunal, tras deliberar, decidió suspender la vista para estudiarla detenidamente. El presidente de la sala anunció que se pronunciará mediante un auto escrito la semana próxima y anunciará una nueva fecha para el juicio.
El resto de cuestiones previas fueron desestimadas, salvo una referida a la presentación de nuevas pruebas. Desestimó el tribunal una sobre la declaración de un perito, cuyo testimonio valorará la Sala; la prescripción de las hechos referidos a Teixeira, que afecta solo a la vía administrativa y no a la penal; otra sobre vulneración del derecho a la defensa, por no haber recibido la totalidad de las copias del procedimiento, y que el presidente arguyó en contra por llevar la instrucción cinco años; y otra sobre la Agencia Tributaria, una vez aclarado que su intervención la solicitó el fiscal.
Así mismo, el fiscal pide en sus conclusiones provisionales para Manuel García 19 años, 7 para Manuel Corrales y 3 para Teixeira, si bien la acusación particular solicita 33 años y 21 millones en concepto de responsabilidad civil, así como 10 y 6 años, respectivamente. Los acusan de delitos contra la hacienda pública, administración desleal continuada y apropiación indebida, el primero; de administración desleal, el segundo; y de apropiación indebida, la tercera.
'MUY DELICADO' Perera, al término de la vista, explicaba a los afectados y vecinos que habían acudido desde Valdelacalzada para seguir el juicio, que "el tribunal necesita tiempo para decidir sobre la legitimidad de la representación legal de Caval y justificarlo debidamente, por ser muy delicado". Y dijo que la administración concursal ha delegado en ella hasta ahora.
La letrada Rosalía Perera recordó que el Juzgado de lo Mercantil ya consideró la quiebra de Caval en 2011 por acumular una deuda de 25 millones de euros, como "culposa" y responsabilizando a Manuel García. El fallo está recurrido.
María Lozano, afectada, explicaba que "la gente lo pasa muy mal desde hace cinco años, con muchas depresiones y miedo a perderlo todo", pues los cooperativistas firmaron avales con las entidades bancarias de entre 25.000 y 130.000 euros. Nina Díaz temía "no poder pagar". Y Juani León decía que "ya hemos perdido la aportación al capital y la dignidad", para pedir "¡Justicia!". La propia letrada afirmó que la quiebra "ha llevado a la ruina a toda una comarca".
