El fraude del lino llega a los tribunales. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional comienza a juzgar hoy, en la sede del tribunal en la Casa de Campo, al que fuera subsecretario de Agricultura y presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) durante el Gobierno del PP, Nicolás López de Coca, y otros 18 acusados para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre 7 meses y 3 años de cárcel y multas de entre 6.000 y 191.000 euros por la obtención irregular de ayudas de la UE para la transformación de esta planta para su uso textil. Entre los imputados se encuentra un extremeño, Alberto García Valencia, gerente durante esa época de la empresa Lino Textil de Extremadura, la única empresa transformadora que había en la región y para quien se pide dos años de cárcel y 9.000 euros de multa.
El problema comenzó a finales de los años noventa cuando la UE empezó a investigar la producción en España, dado que le resultaba un tanto sospechoso que repentinamente se multiplicara la superficie dedicada a la producción del preciado tejido, al que se conceden suculentas subvenciones europeas para su producción, unas 130.000 pesetas por hectárea frente a las 25.000 para otros cultivos herbáceos.
La investigación
La producción de este cultivo se concentraba principalmente en tres comunidades: Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. La investigación se abrió a instancias de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF) al detectarse un importante aumento del número de agricultores dedicados a este cultivo y que Bruselas llegó a catalogar como cazaprimas . Para la percepción de ayuda era necesario justificar la transformación de la producción, algo que no ocurría dado que, en muchos casos, las empresas encargadas de la transformación emitían certificados para facilitar el cobro de ayudas sin que ese proceso se hubiera llevado a cabo.
La idea de negocio fácil permitió que de no cultivarse en España lino textil hasta el año 1992, se alcanzaran las 91.400 hectáreas en la campaña 1998-1999. Durante el periodo investigado, en Extremadura se cultivaban unas 10.000 hectáreas de este herbáceo, su mayoría en manos de grandes agricultores. La única transformadora extremeña tenía capacidad para dar salida a unas 4.000 hectáreas y en aquella época coincidieron con un elevado número de incendios en sus instalaciones que destruyó parte de la cosecha almacenada. La OLAF mantenía que existía una relación causa-efecto de los mismos como forma de ocultación del fraude.
En el informe emitido por la Fiscalía Anticorrupción, a instancias de la UE, se señalaba que los funcionarios autonómicos constataron in situ que el provecho agrario declarado en los documentos oficiales era imposible en unas tierras tan poco productivas. Incluso, productores consultados por este diario confirmaron que existían irregularidades y un nulo control inicial de la producción y de la transformación de la misma.
El Organismo Pagador de Extremadura de las ayudas del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (Feoga) repartió en el cuatrienio 1997-2000 más de 2.000 millones de pesetas en subvenciones a productores de lino en la comunidad. Inicialmente, la justicia imputó a 8 productores extremeño en el fraude. Solo uno será juzgado.
