La Asociación el Defensor del Paciente ha pedido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que investigue si la situación de las listas de espera de la sanidad de esta comunidad pueden ser constitutivo de un delito contra la salud pública.
En una carta fechada este 29 de julio la presidenta de la asociación Carmen Flores traslada al fiscal Aurelio Blanco lo que considera "un posible delito contra la salud pública", del que hace responsable tanto al presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara como al consejero de Sanidad y Políticas Sociales José María Vergeles.
Así, solicita una investigación de oficio por "los riesgos para la salud y la vida de las personas que conllevan las listas de espera", que según indica, "tras largos años es conocido por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Extremadura".
Asimismo, considera que ni desde la Consejería de Sanidad ni la Presidencia de la comunidad se han posibilitado "las medidas suficientes, tendentes a paliar o terminar" con esta situación, que considera "más grave si cabe aún en este momento, aún conociendo el peligro para la integridad física, mental y la vida para los pacientes".
Además, indica que las listas "agravan en el 100% todas las patologías y que llevan problemas aparejados como discapacidades, pérdida de trabajo, calidad de vida tanto para ellos como para el entorno familiar".
Igualmente, la asociación señala que la Administración extremeña no responde a sus peticiones y hace "caso omiso" a las de los propios afectados, según indica para que los pacientes no puedan ejercer sus derechos.
El colectivo fundamente su solicitud en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que "obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal.
