El informe del Defensor del Pueblo del año 2003 cuestiona la actuación de catorce ayuntamientos extremeños, a los que el responsable de la institución, Fernando Múgica, se ha dirigido para que corrijan alguna situación.

En la nómina de consistorios cuya actuación ha sido cuestionada figura un grupo que, finalmente, hizo caso de las indicaciones del Defensor, como son los de Siruela, Hervás, Fuente del Maestre, Navalvillar de Pela o Navalmoral de la Mata, otros seis que ignoraron las recomendaciones, las rechazaron o entorpecieron la labor de Múgica, que son los de Ladrillar, Miajadas, Plasencia, Ruanes, Puebla de Sancho Pérez y Cáceres. En este último caso, las actitudes de rebeldía se repitieron en dos ocasiones.

Finalmente, los de Alburquerque, Jaraíz de la Vera y Montehermoso recibieron del Defensor del Pueblo recordatorios que cómo tenía que ser su labor.

En la relación de los que colaboran, el informe apunta a Ladrillar, que no contestó a una cuestión sobre obstáculos municipales que impiden acceder a una propiedad privada; Miajadas, sobre expediente disciplinario a un policía local; Plasencia, referida a la demolición de una obra ilegal; Puebla de Sancho Pérez, sobre molestias por explotaciones agrícolas y ganaderas; Ruanes, en relación a retrasos en la entrega de un alta en el padrón y por la no convocatoria de un concejal a los plenos.

Mención aparte merece el Ayuntamiento de Cáceres. El informe de Múgica relata que, por un lado, no se ha contestado al requerimiento de que se abra expediente disciplinario a un policía municipal condenado por el juzgado número 1 por lesiones. Esta cuestión merece una amplia consideración del Defensor del Pueblo, que recuerda al ayuntamiento que la apertura de un proceso judicial no debe suponer que no se abra expediente, sino que éste debe abrirse y suspenderse mientras resuelve el juzgado pues, de otro modo, prescribe la infracción.

Tampoco se mostró diligente el consistorio de Saponi a la hora de corregir la irregular tramitación de una actuación urbanística gestionada por el sistema de expropiación forzosa.