El último informe del Defensor del Pueblo desvela la mala situación de una de las dos prisiones extremeñas, la de Badajoz, tanto en lo que se refiere a infraestructuras como a hacinamiento de los reos, en contra de lo que marca la actual normativa penitenciaria. El estudio habla también del mal estado de los módulos femeninos y de la escasez de talleres productivos.

El informe del Defensor del Pueblo del 2002, presentado recientemente a las Cortes Generales, al que ha tenido acceso EL PERIODICO EXTREMADURA, explica que el año pasado los técnicos de la institución dirigida por Enrique Múgica visitaron trece prisiones, entre ellas la de Badajoz. Cinco de las cárceles logran incluso una calificación positiva, mientras que, por el contrario, el centro penitenciario pacense es el que sale peor parado.

El estudio afirma que la cárcel de Badajoz "presenta notables muestras de deterioro, fundamentalmente producidas por las humedades debidas a las filtraciones de las cubiertas y canalizaciones". Además, asegura, las celdas no tienen agua potable.

Por lo que se refiere al excesivo número de reclusos, el informe señala que "la mayor parte de las celdas albergan a dos internos", lo que contradice lo dispuesto en la Ley Orgánica General Penitenciaria. En el caso de los trabajos productivos que se ofrecen a los internos --actividades aparte de las dedicadas a atender los servicios propios de la prisión-- el Defensor del Pueblo apunta que "siguen siendo muy escasos".

CAMBIO A PEOR

De hecho, la situación ha empeorado si se compara con la detectada en el año 2000, fecha de la anterior visita de los técnicos a Badajoz. Así, desde entonces han dejado de funcionar los talleres de imprenta y madera. Actualmente la única actividad de este tipo que continúa operativa es el taller de confección, donde se atienden pedidos de una empresa madrileña que ha obtenido un contrato de suministro para la Guardia Civil (corbatas, cinturones, vestuario...).

Por otra parte, el informe del 2002 también incide en las carencias de los módulos para mujeres de la cárcel pacense. Entre otras cosas el Defensor del Pueblo --que en el 2001 criticó duramente el estado de los infraestructuras para reas de la prisión de Cáceres-- asegura que no se separa de forma adecuada a las presas preventivas de las penadas, hasta el punto de que "incluso se cumplen los arrestos de fin de semana en los mismos departamentos". Las presas comparten celda y las que están enfermas deben permanecer en ella porque que no tienen un sitio específico en la enfermería.