El Defensor del Pueblo tramitó un total de 788 expedientes relacionados con Extremadura durante el pasado año, 488 más que las 300 que registró en 2016, de las que la mayor parte (620) correspondieron a la provincia de Badajoz y 166 a la de Cáceres. El Defensor del Pueblo también trasladó a la Fiscalía el caso de 19 ayuntamientos, entre ellos el de Zalamea de la Serena (Badajoz), a los que acusa de entorpecer su trabajo por no responder a sus continuos requerimientos de información. Según recoge la memoria entregado ayer en el Congreso de los Diputados, el mayor número de expedientes tienen que ver con la Administración de Justicia (487), de los que 472 corresponden a la provincia de Badajoz y 15 a la de Cáceres; seguido de 83 relativo a Función y Empleo Públicos (39 en Cáceres y 44 en Badajoz), y de Educación, con 32, de ellos 22 en Badajoz y 10 en Cáceres).
Por comunidades, Cataluña triplicó el número de quejas presentadas al Defensor del Pueblo el año pasado, en medio del órdago independentista, con 4.284 reclamaciones, más de la mitad de ellas en Barcelona (2.319). Según los datos recogidos en el informe anual del Defensor del Pueblo, hecho público ayer, mientras que en Cataluña se presentaron 1.425 quejas en 2016, equivalentes al 8,82% del total nacional, en 2017 la cifra se elevó a 4.284, el 17,41% de todas.
