Existen razones en la situación de la justicia como para que los jueces planteen protestas, incluida la huelga? De existir, ¿tendrían derecho los jueces a hacerla? Y frente al argumento de quienes afirman que todo lo ha motivado el conocido como caso Tirado , ¿se habría llegado a esta convocatoria de protestas y huelgas de no haber existido dicho caso? Son solo una muestra de las preguntas que muchos se hacen ante la posible huelga de jueces anunciada para el 18 de febrero y que este diario ha planteado a diferentes miembros de la judicatura extremeña. El resultado, una coincidencia unánime a considerar que las protestas y reivindicaciones de los jueces son justificadas, y división en cuanto a la conveniencia de la huelga. Jaime Rossell

Decano de la Facultad de Derecho

Partiendo de la base de que el derecho a la huelga es un derecho fundamental que tienen derecho a ejercer todos los individuos, "y que nuestro ordenamiento no excluye la posibilidad de ejercer este derecho a los jueces", el decano de la Facultad de Derecho de la Uex considera que "la cuestión no es determinar si los jueces tienen derecho a la huelga sino si es adecuado que ejerzan el mismo".

En su opinión "es evidente que se necesitan mejoras en la justicia", y está seguro de que el caso Tirado no es la causa de estas protestas, sino que simplemente "ha puesto de manifiesto las condiciones en las que, en ocasiones, los jueces y los funcionarios de justicia realizan su trabajo, unas carencias que hacía ya algún tiempo que venían poniendo de manifiesto los jueces y por las que anunciaban protestas".

Joaquín G. Casso

Representante de la Asociación Francisco de Vitoria

Para el magistrado cacereño Joaquín González Casso, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, no hay "ninguna duda" de que los jueces tienen derecho a la huelga, algo que argumenta señalando que el artículo 127 de la Constitución solo excluye a los jueces la posibilidad de pertenecer a partidos políticos o sindicatos. "Negar a un juez el derecho a la huelga es como negarle el derecho a votar en unas elecciones por no poder pertenecer a un partido político". Cuestiona además González Casso el "porqué si los jueces portugueses, franceses e italianos han ido a la huelga y nadie les ha negado ese derecho, en España vamos a ser diferentes".

En cuanto a si hay razones suficientes para justificar las protestas de los jueces, el magistrado cacereño es rotundo al contestar "sí, muchas", y puntualiza, "y no es algo de ahora, pues ya en enero del 2006 los jueces pusieron encima de la mesa del ministro un conjunto de reivindicaciones de las que se hizo caso omiso y no se ha hecho absolutamente nada, algo que ha llevado a que el vaso se desborde y a obligarnos a tomar medidas para mejorar el servicio y nuestra situación".

Por ello entiende que estas protestas "eran algo anunciado", y aunque considera que es posible que el <i>caso Tirado </i> "ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha influido en acelerar los acontecimientos", él está convencido de que de no haberse producido este caso "también se habría llegado a esta situación".

Carmelo Casgón

Decano Colegio de Abogados de Cáceres

"El derecho a la huelga de los jueces es más que discutible", valora el decano del Colegio de Abogados de Cáceres teniendo en cuenta que "el artículo 28 de la Constitución Española reconoce este derecho exclusivamente para los trabajadores, para la defensa de sus intereses". El considera que existen otras vías "perfectamente legales y válidas" para explicar a la sociedad los problemas que existen en la Justicia y exigir su inmediata solución.

No obstante, sí reconoce que, "desde tiempo inmemorial", existen razones "para que los jueces, y el resto de operadores jurídicos, protestemos por el colapso permanente de los juzgados, debido, de una parte, al excesivo número de asuntos que se tramitan, y, de otra, a la escasez de medios, tanto materiales como humanos. Resulta inconcebible que Hacienda o Tráfico dispongan de los últimos recursos tecnológicos para controlar al ciudadano, y sin embargo la Administración de Justicia carezca de los recursos más elementales".

También opina que el caso Tirado es coyuntural, pero también que ha puesto de relieve que la mayoría de los juzgados, según los módulos actuales, "están absolutamente desbordados y con unos retrasos importantísimos, lo que quiere decir que, ni trabajando el doble de lo que se exige, se pueden mantener al día, y ello implicaría que actualmente casi todos los jueces de España podrían ser sancionados, como mínimo, con la misma sanción que el juez Tirado, lo cual no es justo, porque denota que lo que falla es el sistema".

Emilio Cortés

Director de la Cátedra Manuel Larndizábal de la Uex

El derecho a la huelga, advierte el abogado Emilio Cortés, director de la Cátedra de Derechos Humanos Manuel de Lardizábal de la Uex, es de los denominados fundamentales y, en consecuencia, ha de ser interpretado de la forma más amplia posible. "Como no existe una prohibición legal expresa y tajante, los jueces son funcionarios del Estado y, en consecuencia, entiendo que tienen derecho a la huelga con escrupuloso respeto a los servicios mínimos cuando de la libertad de los justiciables se trate".

Convencido de ello, Emilio Cortés también lo está de que hay razones suficientes como para que los jueces planteen protestas. "La justicia no se ha tomado todavía en serio en nuestra ya no tan joven democracia, y son los jueces los principales destinatarios de la insatisfacción social en esta materia", señala antes de añadir: "La falta de medios humanos y materiales es evidente, aunque parte de la culpa la deben asumir algunos de ellos".

Y en cuanto a la cuestión de si considera que de no haber existido el caso Tirado los jueces hubieran anunciado protestas, Cortés señala: "No soy juez y, por tanto, desconozco este dato, pero, en cualquier caso, si el detonante ha sido el llamado caso Tirado, este hecho no minimiza la oportunidad de la reivindicación".