La Federación de Enseñanza de CCOO criticó ayer el "mal funcionamiento de algunas" comisiones de escolarización en Extremadura que "no cumplen" las funciones que tienen encomendadas. Entre estas funciones incluyó controlar la aplicación de la normativa sobre escolarización con participación de la comunidad educativa y observar las limitaciones y criterios para asignar el número de alumnos por centro y unidad.
Según el sindicato, la "mayoría" de las comisiones "no se reúnen más que en el acto de constitución, ni informan a sus miembros de la problemática" que se plantea en el proceso y la solución a aplicar en cada caso. Además, señaló que "generalmente es el inspector o inspectora de turno quien adopta las decisiones con resultados, a veces, sorprendentes". Así, la Federación de Enseñanza de CCOO explicó que, en algunos casos, en Infantil y Primaria "se rebasa" el número máximo de 25 alumnos por grupo, mientras que hay plazas disponibles en otros centros "muy próximos que no llegan a los 25".
En la misma línea, las Escuelas Católicas de Extremadura (FERE-CECA y EyG), organización mayoritaria de la enseñanza concertada en la región, critica la mala gestión de la Consejería de Educación en el proceso de escolarización para este curso y pide un cambio en la política de concertación. Según indica, de confirmarse "la gravedad" de los hechos denunciados en Badajoz, donde a nueve niños se les ha retirado su plaza por el supuesto falseamiento de los datos por sus padres, esta organización apoyará "toda clase de acciones que se lleven a cabo en contra de los fraudes que hayan podido cometer".
Tras estas críticas la Consejería de Educación defiende la profesionalidad del trabajo realizado por las comisiones de escolarización y sus presidentes, "que han desempeñado las funciones que la Ley Orgánica de Educación les otorga". Responde así a CCOO y asegura que el proceso de escolarización se ha visto beneficiado este curso con la apertura de las oficinas de escolarización.
Por su parte, la Asociación de Docentes de la Enseñanza Concertada llamó ayer a la Administración educativa a valorar que está pasando para que haya personas dispuestas a cometer un presunto delito por lograr matricular a un alumno en un determinado centro.
