El "uso preferente" que sobre las cuencas hidrográficas de Castilla-La Mancha, entre ellas las del Tajo y el Guadiana, se atribuye el borrador del nuevo Estatuto manchego tendrá que esperar. La falta de acuerdo entre el PSOE y el PP sobre la política hídrica (sobre todo en lo que respecta al trasvase Tajo-Segura) motivó ayer que la Comisión Constitucional haya aprobado el dictamen sobre la reforma del Estatuto sólo con los votos socialistas, lo que, en la práctica, conllevará la retirada del texto del Congreso. Tras un agrio debate, los diputados del PP votaron en contra tanto del preámbulo como del articulado después de que el PSOE haya hecho lo mismo con la enmienda transaccional presentada en el último momento por los populares, en la que se proponía mantener la alusión a los 4.000 hectómetros cúbicos pero se suprimía el término "reserva".

En este sentido, hay que aclarar que este texto afecta también a Extremadura. La controversia surge porque en materia de aguas, el Estatuto castellanomanchego choca con lo que dice el de Extremadura, ya que mientras el primero habla de "uso preferente de los recursos hídricos de su territorio" (por el que pasan las aguas del Tajo y el Guadiana); el extremeño aboga por un "uso racional y distribución solidaria" del agua. Conviene recordar que el Gobierno extremeño mantiene en el Tribunal Constitucional un recurso contra el Estatuto andaluz y otro contra el castellanoleonés por atribuirse competencias exclusivas en la gestión del agua que afecta a otros territorios, cuando es el Estado el que debe tenerlas.

Pero, qué dice el Estatuto de Extremadura. El artículo 7.8 recoge que: "Los poderes públicos extremeños velarán por un uso racional del agua y por su distribución solidaria entre los ciudadanos que la precisen, de acuerdo con el marco constitucional de competencias y las prioridades que señala la ley, sin menoscabo de la calidad de vida de los extremeños, del desarrollo económico de Extremadura confirmado mediante estudios que garanticen las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos y sin perjuicio de las compensaciones a las que haya lugar".

Sin embargo, el articulado del castellanomanchego es mucho más amplio en esta materia, aunque el artículo 98.3 de su borrador resume su idea al respecto. Dice así: "Los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho al uso preferente de los recursos hídricos de su territorio para consumo humano, desarrollo económico e industrial, agrícola y ganadero, así como para el sostenimiento medioambiental y para cualquier otro objetivo que forme parte del ámbito de sus intereses, en los términos establecidos en la Constitución y en la legislación estatal".

REACCIONES El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, señaló ayer que "la rebaja del último minuto" propuesta por el PP era "inaceptable e incluso humillante" y anunció que el PSOE pedirá un pleno extraordinario para "plantear" que se retire la reforma estatutaria.

Sin embargo, su colega murciano, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que sólo aceptará un Estatuto "constitucional" que no aluda a reservas de agua, caducidad del trasvase Tajo-Segura o a participaciones de las comunidades.

Mientras tanto, la Junta de Extremadura insiste en que el Estado es el competente cuando el agua pasa por varias regiones.

Tras el retraso ahora del manchego, se espera que el nuevo Estatuto extremeño sea el que pase por el Congreso.