Cuando parecía que la batalla contra los desahucios comenzaba a dar sus frutos, se abre un nuevo frente: los desalojos por el impago de alquiler, que en Extremadura superan ya a los hipotecarios. Los juzgados de la región han autorizado 1.534 lanzamientos contra inquilinos morosos desde que en el año 2013 se reformara la Ley de Arrendamientos Urbanos. Solo en el 2016 han sido 384 los desahucios practicados por esta causa, lo que supone un incremento del 15% respecto al año anterior.
Los datos están recogidos en el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según esta estadística, durante el 2016 se practicaron en Extremadura 748 lanzamientos, lo que supone una subida de casi cuatro puntos sobre el 2015, cuado se autorizaron 721. El alza viene motivada por el incremento de los desalojos ligados a los impagos de alquiler, que crecen un 14,9% al pasar de 334 en 2015 a 384 en 2016. En el mismo periodo sin embargo, los lanzamientos por no hacer frente a las hipotecas se reducen un 5,5% y pasan de 343 a 324.
Entre las causas que explican esta rebaja de los desalojos ligados a los impagos de préstamos hipotecarios está la propia mejora de la economía, pero también las políticas y acciones antidesahucio de administraciones públicas y colectivos sociales, que en la mayoría de los casos iban ligados a este tipo de lanzamientos. Sin embargo, lejos de desaparecer, la problemática se ha trasladado a los alquileres, un mercado más barato por el que han optado muchas familias que no podían permitirse una casa en propiedad durante la crisis.
Un cambio de tendencia en el que también ha influido la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que para dar más seguridad a los propietarios aceleró los procesos de desahucio ante los impagos. Según los datos del CGPJ, desde la reforma del texto en el 2013, en la región se han practicado 1.354 lanzamientos contra inquilinos morosos, frente a 1.362 por impagos de hipotecas.
Así las cosas, desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ya han comenzado a tomar medidas y las Oficinas de Intermediación Bancaria están prestando también ayuda a las personas en riesgo de desahucio por no poder pagar el alquiler.
MEDIACIÓN / «Si el impago no es muy elevado, se intenta acordar con el arrendatario una solución. En caso de que el impago sea muy elevado y se encuentre ya en trámite judicial, se intenta establecer una prórroga con el juzgado», detalla. Cuando ninguna de estas dos vías es posible, se ofrece al afectado solicitar una vivienda social a la Junta u optar a la bolsa de alquileres asequibles con cuotas de entre 125 y 300 euros que está poniendo en marcha el Ejecutivo.
En cualquier caso, desde la consejería destacan que el Programa de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria «muestra su efectividad», pues teniendo en cuenta los datos del CGPJ relativos al primer trimestre del 2017, en la región se han practicado 163 desahucios, un 23% menos que en el mismo periodo del año anterior. Es el mayor descenso del conjunto del país, donde además se registra un repunte del 2,2%. De estos 163 desahucios, 56 corresponden a ejecuciones hipotecarias, que caen un 41% frente al 3,4% nacional y suponen el dato más bajo solo por detrás de Navarra, donde se registraron 54. En cuanto a los lanzamientos por impago de alquiler, en el primer trimestre se han producido 99, una bajada del 4% en relación al mismo periodo de 2016 que contrasta con el aumento del 5,8% en resto del país. Esta cifra, afirma el Ejecutivo, coloca a Extremadura como la tercera con mejores datos después de Asturias y Castilla-León.
